La crisis institucional que sacude al Juzgado Contravencional N° 1 de Jujuy sumó un nuevo capítulo, cuando se conoció que su titular, el abogado Matías Ustarez Carrillo, solicitó y obtuvo una licencia de carácter particular por un período de dos semanas. La autorización, avalada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia y publicada en el Boletín Oficial, fue otorgada a pesar de que el magistrado ya se encuentra formalmente imputado por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La medida rige desde el 14 al 31 de julio, y en su reemplazo fue designado el abogado José Fernández González, actualmente a cargo del Juzgado Contravencional N° 2 de San Pedro de Jujuy. La Resolución Nº 000195-MS/2025 establece que la licencia responde a “motivos personales”, aunque diversas fuentes judiciales confirmaron que la causa en su contra podría agravarse en los próximos días.

Un caso que salpica a funcionarios y policías

Ustarez Carrillo es una de las figuras en la causa que investiga un presunto desfalco millonario de fondos públicos, con epicentro en el manejo del Fondo Especial de Seguridad y supuestas maniobras ilícitas vinculadas al cobro de coimas en controles viales. Según el expediente, en octubre de 2024 se descubrieron graves irregularidades en la administración de dinero recaudado por infracciones contravencionales y operativos policiales, cuyo destino aún no fue esclarecido.

La Unidad Fiscal Especializada en Hechos de Corrupción ya había imputado y detenido a efectivos de Seguridad Vial, acusados de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a recaudar dinero ilegalmente. A partir del secuestro del teléfono de uno de los policías implicados, se habría detectado una estructura interna conformada por funcionarios judiciales y policiales, con Ustarez Carrillo en el centro del entramado.

El juez fue acusado de omitir investigar, consultar o informar sobre los indicios de corrupción detectados por los investigadores, lo que derivó en su imputación formal por incumplimiento de deberes. En las últimas horas, fuentes cercanas a la causa no descartaron que el magistrado pueda ser imputado por una participación necesaria en las maniobras investigadas.

Renuncia en suspenso

En paralelo, trascendió que el juez habría presentado su renuncia al cargo de magistrado, aunque aún no fue confirmada oficialmente por el Poder Judicial. La versión cobra fuerza ante el inminente pedido de elevación a juicio solicitado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Funes, quien dio por concluida la instrucción con elementos probatorios que comprometerían seriamente a Ustarez Carrillo.

Consultado por medios locales, el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, explicó que la licencia fue avalada por el propio gobernador Carlos Sadir, ya que “es de sentido común que un juez no puede seguir ejerciendo funciones mientras tenga una imputación abierta en su contra”.

Mientras tanto, el Juzgado Contravencional N° 1 de Jujuy quedó bajo subrogancia temporal, y la causa continúa generando preocupación dentro del sistema judicial jujeño por la posible profundización del escándalo y sus derivaciones políticas e institucionales.