La sanción se dio en simultáneo a una movilización de organizaciones y familias en las inmediaciones del Congreso. Entre los principales puntos de la ley se encuentra la garantía de pagos para enfermeros, acompañantes terapéuticos y transportistas, quienes, según denunciaron legisladores como el puntano Fernando Salino, "llevan seis meses sin cobrar".
Además, se promueve una mayor eficiencia en la auditoría y aprobación de pensiones, ante el dato alarmante de que solo se aprobaron 586 de las 500.000 solicitudes presentadas en los últimos 14 meses. El senador fueguino Pablo Blanco (UCR) advirtió que “el Estado debe atender; la mayoría de las familias con este tipo de dificultades no tienen ingresos suficientes para salud ni educación”.
También se solicita la actualización de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto es de $213.286,50 a junio de 2025, y el incremento de los ingresos de los trabajadores con discapacidad empleados en talleres protegidos, quienes perciben solo $28.000 mensuales desde febrero de 2023. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la medida tendrá un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
El Senado también revirtió el veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca
Minutos después, el Senado volvió a mostrar músculo político al revertir el veto del presidente Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia para la ciudad de Bahía Blanca, afectada por un temporal devastador en marzo pasado. La votación fue 51 a favor y 21 ausencias, superando los dos tercios requeridos.
El proyecto, impulsado por la senadora Juliana Di Tullio (UxP), había sido aprobado en mayo por unanimidad, incluyendo a La Libertad Avanza. Sin embargo, Milei lo vetó el pasado 24 de junio. La ley crea un fondo especial de $200.000 millones para destinar subsidios, créditos y recursos a la reconstrucción de viviendas y edificios públicos en los tres niveles del Estado.
Ahora, la iniciativa deberá ser tratada nuevamente en la Cámara de Diputados para completar el proceso de insistencia legislativa tras el veto.
La reacción del oficialismo
Desde el Gobierno nacional ya se adelantó que se judicializarán las leyes sancionadas, una medida que genera controversia entre constitucionalistas, quienes advierten que no existe posibilidad legal para impugnar normas aprobadas con los mecanismos previstos por la Constitución.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, ausente durante gran parte de la sesión, fue cuestionada por sectores oficialistas tras permitir el avance de iniciativas que el Ejecutivo había rechazado.