La medida se enmarca en la Ley Bases, que autoriza al Ejecutivo a modificar o liquidar fondos fiduciarios públicos. Con estos cierres, ya suman 29 los fondos eliminados.
Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los tres fondos presentaron “pésimo uso de los recursos, falta de controles y de resultados”.
En el caso del FFFIR, creado en 1997 para financiar obras de infraestructura, se detectaron fallas en la aplicación y devolución de préstamos, baja ejecución de recursos y pérdidas por mantener fondos en plazos fijos expuestos a la inflación. Además, funcionaba con personal en distintas modalidades, algo prohibido por ley para este tipo de estructuras.
Respecto al Fondo del Manejo del Fuego, la SIGEN observó ausencia de planificación, contrataciones indebidas, escasa rendición de cuentas y fallas en los controles. Entre 2022 y 2023 se transfirieron $26.000 millones al fideicomiso, pero solo se utilizaron $70 millones para su finalidad específica. No obstante, el Gobierno aclaró que el Sistema Federal de Manejo del Fuego continuará como política pública, financiado con el 3% de las primas de seguros, que ahora será administrado por el Ministerio de Seguridad.
En cuanto al FONDEP, creado en 2014 para financiar proyectos estratégicos, se detectaron inversiones temporarias improductivas, demoras en el recupero de préstamos, irregularidades contables y una gestión ineficaz.
El decreto establece que los fiduciarios deberán continuar con las tareas necesarias para la liquidación de los fondos. Desde el Ejecutivo señalaron que estas acciones buscan avanzar hacia una gestión pública “transparente, eficiente y orientada al bien común”.