El SEPROSA había sido concebido "como una herramienta para abrir el acceso al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a todos los habitantes, garantizando prestaciones médicas de calidad bajo el paraguas de la obra social provincial más reconocida".

No obstante, un importante arco político, sindical, social y de organizaciones civiles de Jujuy había denunciado que el proyecto del Ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, buscaba "privatizar la salud por primera vez en la historia de la provincia" con el cobro del SEPROSA.

Las razones del veto

Desde el gobierno provincial señalaron que la decisión fue tomada tras evaluar el impacto negativo que provocaron las especulaciones en la población. Según fuentes oficiales, la falta de claridad sobre los alcances de la ley dio lugar a un clima de confusión, afectando la percepción de los beneficios que buscaba ofrecer el programa.

Además, se cuestionó el uso político que ciertos sectores hicieron del SEPROSA, desvirtuando su propósito inicial y generando incertidumbre sobre su viabilidad.

Un tema en el centro del debate

El SEPROSA había sido proyectado como un avance en materia de cobertura médica, prometiendo acceso inclusivo y mejores prestaciones. Sin embargo, las controversias alrededor de su implementación llevaron al Ejecutivo a tomar esta drástica decisión.

Desde la Gobernación no se descartó la posibilidad de abordar en el futuro nuevas estrategias para mejorar el sistema de salud provincial, pero recalcaron la importancia de contar con un consenso político y social que respalde cualquier iniciativa.