Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el debate se intensifica tras la presencia de los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno, y de Hacienda, Carlos Guberman, quienes defendieron los aspectos técnicos del presupuesto. Sin embargo, la atención está puesta en el artículo 27 del proyecto, que suspende el porcentaje mínimo de inversión en el Sistema Nacional de Ciencia y Educación, estableciendo una reducción preocupante para el sector.
El financiamiento universitario, una vez más, se encuentra bajo presión. En 2024, el presupuesto destinado exclusivamente a universidades representó el 0,91% del PBI, una caída del 40,2% con respecto al año anterior, según datos del Observatorio de Argentinos por la Educación. Para 2025, esta cifra se reduciría aún más, alcanzando solo el 0,88% del PBI, lo que genera críticas desde diversos sectores, especialmente en la comunidad universitaria y en la oposición política.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) planteó su descontento, exigiendo una partida de $7,2 billones para el próximo año, casi el doble de lo que el Gobierno asignó en su proyecto: $3,8 billones. La diferencia refleja una falta de consideración del Ejecutivo hacia los incrementos salariales necesarios para los trabajadores universitarios, una cuestión clave en las protestas que afectaron el calendario académico desde el inicio del ciclo lectivo. Las demandas de los gremios docentes y estudiantiles no fueron atendidas, lo que exacerbó la crisis.
En la Cámara de Diputados, el debate se vuelve más complejo. Las bancadas opositoras, lideradas por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, sumaron su rechazo a la propuesta, mientras que otros bloques dialoguistas buscan incluir modificaciones que compensen la falta de recursos para universidades y sectores vulnerables. En particular, el bloque Encuentro Federal propuso ajustes que permitan destinar mayores fondos a las universidades y jubilados, revisando otros gastos, como los fondos para organismos clave del Ejecutivo.
El oficialismo enfrenta la posibilidad de una falta de consenso. Mientras algunos sectores dialoguistas podrían apoyar parcialmente el proyecto, las universidades continúan siendo un punto de tensión, especialmente ante la posibilidad de que su financiamiento dependa de las provincias, una idea que fue fuertemente rechazada por las autoridades académicas. Víctor Moriñigo, titular del CIN, fue categórico al expresar que la educación superior debe seguir siendo una cuestión federal para garantizar uniformidad y calidad en todo el país.
Otro aspecto relevante de la discusión es la demanda de auditorías para las universidades, una cuestión que fue impulsada con mayor fuerza en los últimos meses. Si bien el Gobierno propuso que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite los fondos destinados a las universidades, esta medida fue recibida con escepticismo. Para el presidente Javier Milei, este paso representa un avance hacia la transparencia en el uso de los fondos públicos, aunque aún resta ver cómo se implementará este control en la práctica.
La discusión sobre el financiamiento universitario promete seguir siendo uno de los ejes más conflictivos del debate presupuestario. Con las facultades tomadas y los gremios docentes en pie de lucha, el desenlace de esta discusión tendrá un fuerte impacto en el futuro de la educación superior en Argentina.