El Gobierno argumenta que la ley aprobada por el Congreso es "manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente", ya que no considera el impacto fiscal ni establece una fuente de financiamiento clara. Este veto se dio tras una semana de reuniones intensas en Casa Rosada, donde Milei recibió el respaldo de los representantes de La Libertad Avanza (LLA) y de la llamada “oposición aliada”, quienes se comprometieron a apoyar el veto.
En el encuentro estuvieron presentes figuras clave del oficialismo y la oposición, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También participaron jefes de bloque como Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID), y Gabriel Bornoroni (LLA), junto a diputados y senadores de peso, entre ellos María Eugenia Vidal, Luciano Laspina y Diego Santilli, del PRO, y los senadores libertarios Bartolomé Abdala, Vilma Bedia y Ezequiel Atauche.
A pesar del respaldo recibido, la decisión de Milei enfrenta críticas. Entre ellas, la del diputado Ricardo López Murphy, quien advirtió que “el Congreso lo va a revertir”. Esta declaración refleja la posibilidad de que la oposición intente conseguir los dos tercios necesarios para restablecer la ley, aunque el oficialismo ya trabaja para impedirlo.
Sin embargo, en la reunión no estuvieron presentes algunos de los principales representantes de los bloques "dialoguistas", como Miguel Ángel Pichetto o Rodrigo de Loredo, líder del sector mayoritario del radicalismo en la Cámara Baja, lo que podría indicar diferencias dentro de la oposición respecto a cómo proceder frente al veto.
La edición del Boletín Oficial correspondiente al 02 de septiembre de 2024, donde se publicó el decreto, puede ser consultada en el sitio oficial.