El juez Walter Lara Correa consideró que la política pública para asegurar el derecho a la alimentación "se apoya en distintos planes y programas que requieren la articulación y coordinación con provincias y municipios y no sólo a través de la transferencia directa de ingresos a las familias".
La medida interpuesta por el magistrado fue en el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
La decisión del juez está vinculada con programas como el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que establecen la entrega de alimentos a comedores y espacios comunitarios.
La medida cautelar había sido reclamada también por la defensora Pública Oficial Federal, Florencia Plazas, que interviene en el proceso colectivo en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada.
En tanto, desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios denunciaron que dejaron de recibir mercadería, mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social.