La nueva redacción, más concisa, eliminó más de 100 artículos, reduciendo el texto de 664 a 523, en un esfuerzo por abordar las preocupaciones planteadas por distintos actores políticos y sociales.
Principales cambios:
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Emergencia:
- Reducción del plazo de emergencia de dos a un año, con posibilidad de prorrogar por un año adicional.
- Eliminación de la emergencia en materia social y defensa, marcando un ajuste en el enfoque de las medidas de excepción.
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Jubilaciones:
- Ajuste trimestral respetando la fórmula actual.
- Actualización automática por inflación mensual a partir de abril, basada en el último dato de inflación del INDEC.
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Privatizaciones:
- Exclusión de YPF de la lista de posibles privatizaciones.
- Limitación de privatización parcial para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT.
- Eliminación de la obligación de tener una acción con derecho a veto para decisiones que impliquen el cierre de la actividad.
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Retenciones:
- Establecimiento del 0% de retenciones para las economías regionales.
- Eliminación de la facultad del Poder Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación.
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Reforma Política:
- Postergación de la discusión sobre la reforma de circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados para sesiones ordinarias.
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Empleados Públicos:
- Prohibición para los empleados públicos de incursionar en la actividad política.
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Bienes Personales:
- Beneficios para sujetos cumplidores en el ámbito de bienes personales.
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Pesca:
- Mantenimiento de la obligación de descargar en puerto y contar con tripulación argentina.
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Cultura:
- Aseguramiento de recursos automáticos e indeterminados para el INCAA.
- Establecimiento del 70% de los recursos del Fondo Nacional de las Artes para gastos administrativos, garantizando la no propiciación de su cierre.
