El dirigente se mostró sorprendido por el hecho de que no haya actuado "de oficio un fiscal o juez" contra ese protocolo de orden público y evaluó que desde el Gobierno "nos quieren sacar la huelga y la movilización para seguir explotándonos".

"El protocolo antipiquetes nos coloca a las puertas de una etapa no democrática de la Argentina. Pareciera que algunos sectores sociales pueden protestar y otros no. Garantizar la paz social es responsabilidad de los gobiernos", indicó.

En declaraciones formuladas a Radio Provincia, el dirigente gremial se refirió a la reunión que mantendrán los gobernadores este mediodía con el presidente Javier Mieli y analizó que los mandatarios provinciales "tienen la oportunidad de levantar la voz".

"Este es un Gobierno que quiere extorsionar a las provincias. Se busca reducir al mínimo las transferencias. Esperamos que los gobernadores defiendan los intereses de la gente, que reclamen por un régimen de coparticipación que hoy es tremendamente injusto", prosiguió.

En ese sentido, graficó que "cada 1.000 pesos que se recaudan, 750 se quedan en la Ciudad de Buenos aires. Vuelven a las provincias 250 pesos. De eso, 40 pesos van a los municipios. La Ciudad es la Suiza de la Argentina mientras las provincias son pobres".

Reflexionó que "se tiene que terminar que los porteños vivan con la nuestra", afirmó que "la coparticipación se debe distribuir de acuerdo a las necesidades" y, con referencia a la posibilidad de que se reinstale el Impuesto a las Ganancias, apuntó que "las provincias deben ser compensadas pero no restableciendo un tributo ilegal, como lo es el impuesto al trabajo".

Fuente: Telam