En ese marco, explicaron que las investigaciones se pusieron en marcha por los múltiples daños a las instalaciones de la Legislatura, destrucción de espacios y bienes públicos y de propiedad privada, resistencia a la autoridad y lesiones a policías.
Con el transcurrir de la investigación y el correspondiente análisis de imágenes provistas por cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y también registradas por medios de comunicación, se determinó la participación de más personas en los actos vandálicos y delictivos que no fueron oportunamente detenidas, por lo que se labraron las imputaciones y las órdenes de detención de 20 personas, con las debidas disposiciones del Juez de Control interviniente en la causa.
Es así que se procedió a la detención de 9 personas, entre ellas Iván Blacutt que es docente de la UNJu, quien “no fue detenido por su actividad, sino por participar de los ataques del 20 de junio, situación que se puede observar en imágenes de video, portando un garrote de dimensiones importantes, además de empujar al personal policial y arrojar piedras o elementos contundentes en contra de los efectivos de seguridad”, describió Funes.
Enfatizó que “no se persigue a nadie por su actividad profesional, laboral o política. Se criminaliza a las personas al ser identificadas en algún hecho delictivo, como es el caso de Blacutt".
Además, precisó que a los aludidos se les imputan los delitos de Atentado contra la Autoridad; Resistencia a la Autoridad; Daños; Estrago; Estorbo Funcional y Entorpecimiento del Transporte Terrestre. “Bajo ningún punto de vista se cuestiona participación en manifestación y protesta”, resaltó y puntualizó que “aún falta identificar a más personas”.
En otro tramo de la conferencia de prensa, confirmaron la detención de Alberto Nallar, imputado por Instigación a Cometer Delitos, Incitación Pública y Sedición. “El imputado se presenta en los piquetes para incitar a la gente a tomar el poder, desconocer al Poder Judicial, a no recurrir a la Justicia y optar por las vías de hecho para pedir la intervención a la Provincia y la derogación de la Constitución Provincial”, argumentó Rondón.
Consultado sobre los resultados del operativo cumplido recientemente en el domicilio de Milagro Sala, Rondón indicó el secuestro de 14 celulares e informó que esta semana se inició el proceso de apertura de dichos equipos.
