El proyecto busca no solo establecer sanciones a través del Código Penal, sino también implementar programas de capacitación para funcionarios y para aquellos que hayan sido condenados por infringir esta normativa. Moisés busca dejar una contribución en el marco de los 40 años de democracia en Argentina, reafirmando el papel del Estado en velar por la verdad histórica.
La iniciativa presentada por la diputada sampedreña se suma a un proyecto similar impulsado anteriormente por el diputado Eduardo Fernández, del Frente de Todos (FdT) por Córdoba. Este proyecto también busca incorporar sanciones y establecer la capacitación obligatoria en derechos humanos y genocidio para funcionarios públicos.
El proyecto de ley propuesto por Moisés añade un tipo penal agravado dirigido a funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad y miembros de las Fuerzas Armadas que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período del terrorismo de Estado en Argentina, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
La legisladora jujeña argumentó que el negacionismo implica una tergiversación deliberada del pasado, negando los planes sistemáticos de exterminio, la represión clandestina y la negación de justicia. También sostuvo que la reivindicación de los crímenes cometidos durante la dictadura argentina por parte de funcionarios del Estado debe ser tratada de manera diferenciada, ya que representa un atentado directo contra el orden democrático y pone en riesgo las instituciones constitucionales.
El proyecto también establece la obligatoriedad de la capacitación en derechos humanos, genocidio y crímenes de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La capacitación será obligatoria para las máximas autoridades de dichos poderes y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Además, el proyecto contempla sanciones para aquellos que sean condenados por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negacionismo y apología de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, tal como están previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a los que Argentina adhiere.
Moisés consideró que este proyecto es necesario y urgente, ya que el Estado debe velar por la verdad histórica. Afirmó que los agentes públicos deben estar formados en la defensa de los valores democráticos y en la preservación de la verdad basada en hechos y testimonios.
