Una fuerte controversia se desató en Jujuy tras conocerse la decisión judicial que autorizó un permiso de salida a Mauro Nahuel Aparicio Maza, condenado a prisión perpetua por femicidio, cuya sentencia fue recientemente ratificada por la Corte Suprema de la Nación.
El pronunciamiento generó un inmediato rechazo por parte de organizaciones sociales y espacios de activismo feminista, que manifestaron su preocupación por lo que consideran una medida que revictimiza a la familia de Tania, la joven víctima del caso.
Desde el Espacio de Activismo Feminista y Popular expresaron que, si bien la confirmación de la condena representó un avance en materia de justicia, este tipo de resoluciones “vuelven a abrir heridas” en los familiares.
En ese sentido, cuestionaron que el juez Gustavo Ortiz haya otorgado nuevamente un permiso para que el condenado visite su domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy, señalando que no se trata de un hecho aislado. Según recordaron, una situación similar ocurrió el año pasado y fue revertida tras la presión social, lo que derivó en la renuncia de otro magistrado.
El reclamo de las organizaciones
Las agrupaciones remarcaron que, aunque la condena esté firme, el impacto del crimen no finaliza para las familias. “Para la justicia el caso puede estar cerrado, pero para quienes perdieron a un ser querido, el dolor continúa”, señalaron en el comunicado.
Además, sostuvieron que este tipo de beneficios penitenciarios generan una sensación de injusticia y desprotección, al considerar que “cada autorización implica volver a transitar el trauma”.
Frente a este escenario, las organizaciones solicitaron la revisión y revocación inmediata del permiso otorgado, al tiempo que exigieron que se garantice el respeto hacia la víctima y su entorno familiar.
El caso vuelve a poner en debate el alcance de los beneficios para personas condenadas por delitos graves y el rol del sistema judicial frente a las demandas sociales en torno a la violencia de género.