Marina, una de las empleadas afectadas, explicó a los medios locales que “Nosotros fuimos aceptados como planta permanente por el gobernador. Tenemos más de seis meses cobrando con facturas y la ordenanza está publicada en el boletín oficial. Por eso pedimos justicia y que se revea el caso”. La trabajadora denunció además que ocho de las personas despedidas son mujeres, lo que calificó como un acto de violencia de género.

Los empleados señalaron irregularidades en la forma en que el nuevo comisionado de Uquía, Josué Aquino, asumió el cargo, mencionando una sesión especial realizada el 9 de diciembre sin notificación a la presidenta del Consejo. También relataron que el nuevo comisionado ingresó de madrugada a las oficinas municipales acompañado por cerrajeros, mecánicos y seguidores políticos, sin esperar el traspaso formal de llaves e inventarios.

Durante las declaraciones de los trabajadores a los medios, un abogado les informó que serían notificados individualmente de su desvinculación. Los empleados calificaron el procedimiento como un atropello y denunciaron amenazas y acoso laboral. “El mismo doctor dijo que según lo que declaráramos íbamos a ver si volvíamos a trabajar o no. Para mí eso es una amenaza”, expresó Marina.

El grupo pidió la intervención directa del gobernador Carlos Sadir para garantizar su reincorporación y el respeto a los derechos laborales adquiridos. “Hoy nos quedamos sin nuestra fuente de ingreso y sin trabajo, en una fecha tan importante como el 24 de diciembre”, lamentaron.