“La Fiscalía ha decidido cerrar la causa en las tres personas que están imputadas y detenidas y esto en realidad implica, para que nos resignemos, atemorizar al pueblo”, declaró Vargas, y advirtió que impugnarán la imputación y solicitarán mañana la devolución inmediata de los teléfonos.
Vargas cuestionó la ausencia de cargos contra otros miembros de la presunta asociación ilícita detrás del femicidio de Tamara Fierro. “No entendemos que tantas personas participen de la quema de un cadáver si no es porque ya son parte de una organización dedicada a vender droga, con posibles abusos sexuales anteriores”, explicó, y señaló que la excusa absolutoria invocada por la fiscalía debe debatirse en un juicio oral.
“Convocar, ya sea por Whatsapp o por redes sociales, a una marcha no es delito. Luchar no es delito y organizar la lucha tampoco es delito”, concluyó la defensa. La audiencia para tratar la devolución de los celulares y la impugnación de la imputación fue solicitada con carácter de urgencia.
El caso
Tamara Fierro, de 29 años, fue una estudiante de enfermería y madre de una nena de 3 años, desapareció el 24 de mayo de 2025 en Fraile Pintado tras ingresar a una vivienda de la calle Gurruchaga. Dos días después, en un descampado del barrio Los Lapachos fueron hallados restos óseos calcinados que la prueba de ADN confirmó como suyos. El fiscal Lian Resúa imputó a Jairo “Diego Castro” Guerrero (25) por homicidio agravado con ensañamiento y violencia de género, y a Esteban Pérez (22) por encubrimiento agravado, con penas que van desde prisión perpetua hasta seis años según el cargo.