La comunidad indígena Cueva del Inca, ubicada en la zona de Tilcara, fue desalojada por fuerzas policiales tras una orden judicial emitida por la jueza Lis Valdecanto Bernal. La medida se llevó adelante a pedido del empresario hotelero Carlos Vázquez, quien reclama la propiedad del terreno para desarrollar un emprendimiento turístico.
El operativo generó una fuerte reacción por parte de organizaciones originarias, que denunciaron que el desalojo se produjo en horas de la noche -lo que contraviene la normativa vigente- y que se utilizaron métodos violentos. En el procedimiento, según testigos, se rompieron viviendas comunitarias y se alambró el territorio, con la participación directa del empresario y sus empleados, acompañados por funcionarios judiciales.
Además se difundieron imágenes y testimonios que muestran a Vázquez colocando alambrado junto a personal de la Justicia, mientras integrantes de la comunidad eran forzados a abandonar el lugar. También se reportó la detención de Evaristo, un miembro de la comunidad de más de 70 años de edad.
“Esto es territorio milenario que quieren alambrar y quedarse con esos espacios territoriales tan significativos y de alto valor simbólico de patrimonio cultural”, expresaron desde la comunidad.
El caso generó repudio en redes sociales y preocupación en organizaciones defensoras de los derechos indígenas, que sostienen que el territorio forma parte del patrimonio ancestral y debe ser respetado según las leyes nacionales e internacionales que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios.
El conflicto en Cueva del Inca se suma a otros casos similares en Jujuy, donde comunidades indígenas reclaman el respeto a sus derechos territoriales frente al avance de proyectos turísticos, mineros o inmobiliarios. Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales del Gobierno provincial.