La causa se inició en el 2015 cuando asambleas de trabajadores de distintos gremios ante la necesidad de paliar el déficit habitacional se apostaron en terrenos de Campo Verde que estaban "ociosos". Estas asambleas habían solicitado el acompañamiento de los dirigentes del Frente de Gremios Estatales, en el cual estaba enrolado el Seom Jujuy.
Durante finales del 2014 e inicios del 2015, desde estos sectores sindicales se realizaron numerosas gestiones frente al Gobierno Provincial con el objeto de destrabar el acceso a planes o créditos para acceder a terrenos y viviendas; estas gestiones no brindaron resultado alguno.
"Los dirigentes judicializados no poseen ningún terreno ni tienen intereses personales en esos predios y a pesar de esta situación son los únicos en ser llevados a juicio frente a un delito que no han cometido y en cambio, hubo asentamientos en Jujuy, donde se vivieron situaciones de extrema gravedad como la toma de “El Triángulo” en Libertador General San Martín que terminara con cuatro muertos, heridos graves y ningún responsable", señalaron en un comunicado.
Los dirigentes Carlos “Perro” Santillán, Santiago Seillant (Secretario del Interior), Adrián Mirkin (Secretario Gremial), Alberto Arias (Secretario de Organización) y Alvaro Sandoval (Secretario de Prensa), siempre han estado a derecho y llegan a esta instancia luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que evidenció la persecución del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy contra el Sindicato que conduce Santillán y al mismo tiempo cuestionó la falta de imparcialidad del brazo judicial contra los dirigentes que encabezan los diferentes reclamos.