Apenas ingresó al recinto, Milagro Sala se dirigió a la prensa para recordar que Gastón Morales, que se presentó como abogado querellante en esta causa junto a Cabero, es el responsable de manejar los “bonos verdes con los que han endeudado la provincia por generaciones” y pidió a los periodistas que investigaran cómo el hermano del gobernador, Freddy Morales, actual Secretario General de Gobierno, pasó de vivir en una casa en Ciudad de Nieva a otra de más de 1000 metros cuadrados. ”Ahí no se investiga nada. Únicamente investigan a la negra Milagro, a la india, a la coya, pero a ellos no”, reclamó. Cuando ingresaron los jueces a la sala y le pidieron silencio, explicó “esta es la única oportunidad que tengo para hablar con la prensa”, en relación a la prohibición que sufre desde el momento en el que fue arbitrariamente detenida y alojada en el penal.
El inicio del debate, al igual que el día anterior, se desarrolló de manera tensa. El juez Antonio Llermanos amenazó con desalojar de la sala, una vez más, a la abogada de la diputada del Parlasur, Elizabeth Gómez Alcorta, y más tarde lo hizo con Marcos Aldazabal, del equipo de defensa. El primer incidente sucedió cuando volvieron a citar al testigo Pablo Alejandro Llampa, cuartelero, que en la primer jornada de audiencias dijo que sólo había escuchado unos comentarios sobre un llamado de la comisario Cabero, pero nada más. Apenas ingresó el policía a la sala, la dirigente expresó: “La verdad que esto es una mafia de la justicia”. El fiscal Darío Osinaga insistió en preguntarle al testigo qué recordaba, como si en 24 horas pudiera acordarse de algo más de un hecho que sucedió 3 años atrás. Fue entonces que la diputada del Parlasur pidió: “Llevenme al penal y notifíquenme de la condena por cedula. Lo que estoy viendo me da vergüenza como argentina, como está apretando el señor fiscal al testigo para que diga algo que el muchacho ni se acuerda. Lléveme al penal. Traten de no hacer esta burrada. Soy negra pero no estúpida”. Y luego le dijo al tribunal. “disculpe mi locura, es que hace dos años estoy encerrada y ningún ciudadano ha sufrido lo que yo he estado sufriendo”. Y les advirtió: “estos días van a tener noticias mías. Después no vayan a llorar a un cajón".
Al presentarse Vázquez y ser consultado sobre los hechos denunciados, el oficial de policía relató la conversación que según él tuvo aquel día. “Me dijo que hablaba con Milagro Sala, me preguntó si le iba a entregar o no las cosas a la compañera. La señora se molestó porque le dije que no lo iba a hacer y entonces me dijo que era un incompetente y que iba a poner una bomba, pero no la tomé en serio”, relató. Y agregó: “Permanecimos en la dependencia y cerca de las 12 de la noche se comunicó la comisario Cabero que estaba de franco y me preguntó si le había dado su teléfono a alguien y me comentó algo de una amenaza”. Por último contó: “Comenté la situación con otros compañeros, pero no lo tomaron a pecho. Había mucha gente para atender y cuando estábamos cenando más tarde lo comentamos”. Consultado por la defensa, señaló que no comunicó el hecho ni a Cabero ni a otros superiores.
También fueron citados dos oficiales de la policía para que ratificaran sus firmas en la declaración realizada en octubre de 2014 de una testigo que en la primer audiencia dijo no recordar nada, y que producto de un ACV que sufrió 13 años atrás, tiene graves problemas para comunicarse. Con la ratificación por parte de los policías de sus firmas y sin que mediaran preguntas de ningún tipo, el tribunal entendió que podía darse como válida la declaración tomada a esa mujer tres años atrás en sede policial, sin la presencia de ningún funcionario judicial. La defensa pidió que quedara constancia en actas sobre la improcedencia del acto por vulnerar el principio de la ley y el derecho de defensa.
Al respecto, Elizabeth Gómez Alcorta explicó en relación al caso: “A pesar que ninguno de los que estuvimos en el juicio podemos pensar que esta mujer declaró lo que figura en la testimonial, incluso dando el beneficio de la duda, porque ustedes saben que la doctrina Michetti es dar el beneficio de la duda a los policías y no a los ciudadanos como Milagro Sala, ella misma reconoció que no había habido ninguna amenaza, que el policía no le dijo que había sufrido ninguna amenaza”.
Luego, el sargento Marcelo Ramon Salazar, cuyo testimonio la querella va a tomar como uno de los ejes para intentar demostrar que existieron las amenazas, dijo que le “dijeron que tenían que quedarse en la comisaría porque había una guardia mínima, que nos quedemos por si atentaban contra la comisaría”. Consultado por la defensa si alguien concretamente le había dicho que iban a atentar contra la comisaría, respondió que “le pareció a él”. No dio en ningún momento detalles respecto a quién comunicó la orden, ni en qué consistía concretamente.
Las últimas en declarar fueron María Belén Vargas, que fue la que denunció que estaban vendiendo ropa robada de la casa de su madre en la feria y fue llevada junto a la denunciada a la comisaría y María Molina, madre de la joven, que se encontraba junto a Milagro Sala al momento de la comunicación. “Milagro hablaba con el oficial que le decía que para que mi hija recupere las cosas tenía que presentar los tickets de compra y ella le dijo que lo único que quería era que la dejen ir a mi hija a la casa. Quedate con la ropa, quédate con el calzado, que a tu mujer le entren las bombachas, le dijo Milagro”, recordó Molina. “No escuché ninguna amenaza. No puedo creer que hayan inventado todo esto” dijo.
Al finalizar la audiencia, Gómez Alcorta aseguró: “Este es un juicio que es una farsa, es una vergüenza y es una vergüenza para el Poder Judicial de Jujuy. Tenemos la certeza de estar defendiendo a una presa política en una provincia donde no tiene ni una sola posibilidad de ejercer el derecho a la defensa”.
LOS HECHOS
Esta causa se originó en octubre de 2014 cuando María Belén Vargas, hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y cercana a Milagro Sala, fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto que estaba vendiendo ropa que le habían robado a su madre en su casa. Denunció el hecho ante una policía que secuestró los objetos y llevó a la denunciada y a la denunciante a la comisaría. A los pocos minutos dejaron ir a la persona que estaba vendiendo la ropa robada, pero dejaron por varias horas demorada a Vargas. Ya preocupada por la situación, porque además al contar que su madre trabajaba en la organización barrial, empezaron a realizarle un interrogatorio exhaustivo sobre la actividad de Molina, se comunicó con ella para relatarle la situación. Molina le comentó el hecho a la entonces diputada provincial. Un abogado fue a la comisaría y a través suyo la dirigente reclamó a la policía por sus actuaciones y pidió que liberaran a la joven.
Al día siguiente la comisario Angela Cabero y el oficial Ruben Eduardo Vázquez denunciaron haber recibido amenazas.
La comisario Cabrero, fue patrocinada como querellante en la causa por los abogados Gastón Morales y Luciano Rivas en 2014. Ya asumido el gobierno del contador, el 19 de febrero de 2016, los letrados fueron reemplazados por Eduardo Vergara, representante de Morales en la querella en la causa “de los huevos” y en marzo de este año renunció y nombraron al abogado actual, Ricardo Ottaviano.