La información fue confirmada por la abogada querellante de víctimas de crímenes de lesa humanidad, Paola Álvarez Carreras, quien fue notificada este jueves sobre la resolución. La cámara salteña consideró que Jones Tamayo cumple con los requisitos de ley de prisión domiciliaria al indicar que "sufre de dolencias y enfermedades que no pueden ser tratadas dentro del penal".
Álvarez Carreras cuestionó esta decisión debido a que "existe un informe anterior del cuerpo forense del Poder Judicial Federal que estableció que una vez que el procesado tras una intervención quirúrgica podía volver a la unidad penitenciaria sin perjuicio de los controles médicos que necesitara".
La abogada dijo que el represor está imputado en seis causas donde se investigan los delitos de allanamiento ilegal de domicilios como autor mediato por dirigir los operativos; privación de la libertad agravada; torturas y tormentos agravados y homicidios por calificados por alevosía.
"Para nosotros es sumamente grave esta resolución, y no tiene que ver con que nos empeñemos en que los procesados no sigan el tratamiento de salud que corresponda, pero en este caso no se está considerando la gravedad de que esta persona estuvo tres años prófugo de la Justicia", sostuvo.
"Si nunca se lo pudo juzgar es porque él (Juan Carlos Jones Tamayo) no se puso a disposición de la Justicia y transcurrido el tiempo accede al beneficio contrariando el informe de los propios médicos", añadió la abogada querellante.
La resolución judicial también indica que el procesado será monitoreado a través de la pulsera electrónica a cargo del patronato de liberados, al tiempo que no tendrá custodia permanente de ninguna fuerza federal o local.
La Cámara de Apelaciones de Salta que le permitirá a Jones Tamayo esperar los juicios en su domicilio, está integrada por Guillermo Elías, Renato Rabibaldi Cabanillas y Ernesto Solá.

Secuestros, desapariciones y muerte: Los pasos del "verdugo" de los años negros en Jujuy
Jones Tamayo fue detenido después de permanecer prófugo durante tres años. Está acusado por secuestros, torturas y desapariciones en Salta y Jujuy durante la última dictadura cívico-militar.
Promediando 1983 estuvo como jefe del Grupo de Artillería 121 en La Paz, donde todavía tiene vinculaciones. Era la pieza que faltaba. La figurita difícil en el rompecabezas de la represión en el norte argentino.
Juan Carlos Jones Tamayo fue detenido después de estar prófugo por tres años. Gozaba de una impunidad completa, fue apresado mientras paseaba por el barrio porteño de Belgrano. Tenía una orden de captura nacional e internacional sobre su espalda. Según trascendió, personal de la Justicia Federal jujeña lo detectó en videos de vigilancia de un banco de la Capital Federal y emitiera los alertas a las fuerzas de seguridad.
Jones Tamayo debe responder por una larga lista de delitos de lesa humanidad, por su tarea como jefe de inteligencia en las provincias del norte argentino y al servicio del Batallón 601: en Jujuy se lo acusa por La Noche del Apagón, un operativo de secuestros que tuvo la complicidad de la empresa azucarera Ledesma de la familia Blaquier; también está imputado por los crímenes cometidos contra los mineros de El Aguilar y de militantes del Partido Comunista en la ciudad de Tumbaya, así como los cometidos contra los dirigentes gremiales azucareros y docentes, todos aún desaparecidos. Se le atribuye además, el crimen de la maestra jujeña, Dominga Álvarez de Scurta, hecho por el cual ya fue indagado.
El militar estaba alojado en la Unidad Federal de Güemes a la espera de que comience su desfile por los pasillos de tribunales.
También enfrenta causas judiciales en Salta, donde está acusado por la Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976, cuando un grupo de presos y presas políticos fueron retirados durante un apagón intencional en el penal de Villa Las Rosas y asesinados a un costado de la Ruta Nacional 34, a unos 30 kilómetros de la capital. Y en Tucumán, está imputado por su desempeño durante el Operativo Independencia.
El represor integró el área de inteligencia del Ejército y ha sido señalado como secuestrador o verdugo por la mayoría de los sobrevivientes de la represión ilegal en las provincias de Salta y Jujuy. “Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo, y operaban en todo el país, con vestimentas de civil”, dijo el ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, y hoy condenado, Santiago Riveros, sobre el rol de los agentes de inteligencia del Batallón 601.