El monitoreo incluyó testimonios de funcionarias públicas, referentes del movimiento de mujeres y usuarias del sistema, con el objetivo de evaluar la aplicación de la Ley N° 6.186 de Emergencia Pública en materia de Violencia de Género, sancionada en octubre de 2020 y publicada en abril de 2021.

Durante su intervención, Millón destacó la importancia de la norma: “Fuimos invitados a la presentación de un análisis de la situación a 5 años del dictado de la Ley Iara, una ley fundamental, como acaban de reconocer fue un antes y un después a partir de la concientización y la institucionalización de todas estas acciones para combatir la violencia de género, y también todo lo que aún falta”.

El edil radical subrayó que el impacto fue positivo, pero que aún quedan desafíos: “Es un análisis muy objetivo que realmente hay que tomar en cuenta y seguir trabajando en esto, porque entendemos que es un trabajo constante. No se logra nada con solo dictar una Ley, como todos nosotros sabemos, una vez que se dicta una norma es necesario ver cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve en la comunidad, para identificar elementos a mejorar.”

Respecto a la articulación con organizaciones sociales, Millón remarcó: “Es fundamental, siempre digo que el Estado necesita a la sociedad civil, si no articulas con la sociedad civil te quedas con un Estado prácticamente aislado. Entonces, que se pueda ver desde este tipo de instituciones qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que falta, es una parte, ahora falta que el Estado tome toda esta información para poder volcar y mejorar”.

Por su parte, la licenciada Verónica Aramayo, integrante de la Fundación Siglo XXI y coordinadora del proyecto, recordó que la Ley Iara nació de la escucha activa de las organizaciones y señaló que “Necesitamos que esa articulación continúe principalmente en puntos claves que señalamos en el monitoreo, como es lo presupuestario. Es decir, no solo la información pública de qué recurso se destina para abordar la violencia de género, sino que participen las organizaciones de mujeres en la definición de las demandas para lograr políticas más eficientes a través de un presupuesto participativo, y claro, informado a la comunidad, para que podamos incidir y generar políticas más eficaces y eficientes”, concluyó.