La Cámara de Diputados fue escenario este miércoles de una intensa jornada de debate sobre la siniestralidad vial, con la participación de familiares de víctimas y organizaciones que reclaman desde hace años cambios en la legislación. El encuentro se dio en el marco del tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que propone endurecer las penas por delitos viales.

La reunión informativa se desarrolló en la comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, con el objetivo de avanzar en las próximas semanas hacia la firma del dictamen y su posterior tratamiento en el recinto.

Durante el debate, una de las exposiciones más contundentes fue la de Vivian Perrone, fundadora de Madres del Dolor, quien remarcó que las muertes por siniestros viales “son hechos evitables” y cuestionó la falta de consecuencias reales para quienes cometen estas conductas. “¿Qué pasa con quienes manejan alcoholizados, a alta velocidad o usando el celular? Prácticamente nada”, señaló.

Perrone advirtió que, con la normativa vigente, la mayoría de los casos termina con penas mínimas de tres años en suspenso, lo que permite a los responsables evitar la cárcel. Según indicó, el 90% de las condenas se encuadran en ese esquema, por lo que reclamó elevar las penas para garantizar cumplimiento efectivo.

En la misma línea, Silvia González, referente de Estrellas Amarillas, compartió su historia personal tras la muerte de su hijo de siete años en 2003. El conductor responsable —según relató— manejaba alcoholizado, sin licencia ni seguro, y con múltiples agravantes. Sin embargo, recibió una condena de tres años en suspenso.

“No puedo concebir que a quien mató a mi hijo le den esa pena”, expresó con dolor, y cuestionó la desproporción del sistema judicial: “¿Una vaca vale más que una vida humana?”, se preguntó al comparar con otras penas más severas.

Por su parte, María Luján Rey, titular del Observatorio de Víctimas del Congreso, hizo hincapié en la importancia del lenguaje: pidió dejar de hablar de “accidentes viales” y reemplazar el término por “siniestros” o “hechos viales”, al considerar que la palabra accidente diluye responsabilidades.

Un proyecto que busca cambiar el paradigmaLa iniciativa en discusión propone un endurecimiento significativo de las penas. En casos de lesiones graves o muerte, la pena mínima pasaría de 3 a 4 años, y la máxima de 6 a 8 años, pudiendo alcanzar hasta 12 años cuando existan múltiples agravantes.

Además, se establece que la inhabilitación para conducir será por el doble del tiempo de la condena, y se incorporan nuevas circunstancias agravantes como el consumo de alcohol o drogas, el uso del celular al volante, el exceso de velocidad superior al 30%, la falta de licencia o el cruce indebido en pasos ferroviarios.

El proyecto, que fue aprobado por unanimidad en el Senado en septiembre de 2025, busca modificar un sistema que, según denuncian las víctimas, hoy deja sin respuestas a miles de familias en todo el país. La definición ahora está en manos de Diputados, donde el debate promete continuar con fuerte carga social y política.