La Justicia de Jujuy vuelve a quedar en el centro de la polémica tras la resolución que concedió prisión domiciliaria al empresario israelí Oded Edgardo “Martín” Kinderman (48), acusado de abusar sexualmente de una niña en reiteradas oportunidades. El beneficio fue otorgado el pasado 18 de diciembre por el juez de Control Marco Andrés Espinassi, en una decisión que generó un fuerte rechazo social e institucional.
El expediente judicial, que es investigado por la Unidad Fiscal especializada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), imputa a Kinderman por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, siete hechos en concurso real”, una calificación penal que, en caso de condena, podría derivar en una pena no inferior a los 20 años de prisión.
Pese a la gravedad de la imputación y al riesgo de fuga señalado por la fiscalía, el magistrado hizo lugar al pedido de la defensa y desestimó los planteos del MPA y de la querella, que advirtieron que la medida resultaba prematura y que afectaba de manera directa la investigación penal preparatoria, aún en curso.
En la audiencia, Espinassi resolvió prorrogar la prisión preventiva del acusado, pero modificó su modalidad por detención domiciliaria, aun cuando —según remarcaron las partes acusadoras— los fundamentos no encuadran en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 10 del Código Procesal Penal, que limita este beneficio a casos excepcionales como enfermedades graves, discapacidades severas, edad avanzada, embarazo o cuidado exclusivo de menores, condiciones que Kinderman no cumple.
La controversia se profundizó por el desarrollo de las audiencias previas, donde —según consta en los registros— gran parte del tiempo estuvo dedicada a advertencias y reprimendas hacia los medios de comunicación y la opinión pública, en lugar de centrarse en la situación procesal del imputado y los derechos de la víctima, una niña cuyos derechos fueron gravemente vulnerados.
Kinderman, dedicado al diseño y equipamiento de espacios, fue detenido a comienzos de octubre. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los hechos judiciales más sensibles del año en Jujuy. Informes psicológicos elaborados por profesionales del MPA describen al acusado como un sujeto “inmaduro, inseguro y egocéntrico”, con “tendencia a la excitabilidad de tipo pedofílica, es decir, una atracción sexual persistente hacia personas que no han alcanzado la madurez sexual”.
Para los investigadores, el fallo representa un grave antecedente y un mensaje preocupante a la sociedad, al flexibilizar criterios legales en causas de extrema gravedad. Advirtieron además que la decisión podría sentar un precedente riesgoso frente a delitos como femicidios, asesinatos o abusos sexuales, donde imputados podrían solicitar beneficios similares sin cumplir los requisitos legales.
Por estos motivos, tanto la Unidad Fiscal como la querella apelaron la resolución y solicitaron su nulidad, entendiendo que el expediente aún se encuentra en plena etapa de investigación. Las partes aguardan ahora una nueva audiencia, que podría realizarse durante la feria judicial, mientras el caso continúa generando indignación y reclamos de justicia en la comunidad jujeña.