Desde ATE San Pedro, reclamaron la modificación del decreto provincial 3030 para incluir a trabajadores jornalizados y contratos COVID. “Más de 5.000 compañeros estarían en condiciones, sin acrecentar la planta del Estado, sino mejorar la situación y darle esa salida que merecen los trabajadores”, expresaron. Denunciaron que en municipios como La Mendieta, “un compañero con 16 años de actividad tiene que esperar que fallezcan o se jubilen 80 trabajadores para poder ingresar”.
La titular del CEDEMS, Mercedes Sosa, explicó que “presentamos estos proyectos el año pasado después de la huelga que habíamos desarrollado por reclamos salariales”. Señaló que el proyecto de abonos busca eliminar el tope de 60 kilómetros y garantizar cobertura para docentes que se trasladan a distintas localidades, agregó que “Hoy un docente tiene que erogar de su bolsillo el pago de ese traslado”.
Sobre salud mental, Sosa advirtió que “los docentes necesitan trasladarse y tener esta cobertura porque si no es una disminución del salario el que tenga que usar de sus haberes el tránsito a las distintas localidades”. También denunció situaciones de estrés por trámites médicos, violencia laboral y falta de protocolos de contención “Queremos tener espacios de contención que no sean solamente de escucha, sino también queremos tener información y políticas en función de esa información”.
Andrés García, integrante de la comisión directiva del CEDEMS, agregó que “hay una sobrecarga laboral muy importante, una flexibilización laboral cada vez más grande”. Denunció que el Ministerio de Educación responde con cifras insuficientes porque “Hay 103 profesionales y equipos de orientación cada 15 escuelas, completamente insuficiente para alrededor de 20.000 docentes en nivel medio”.
Los gremios solicitaron que los proyectos sean tratados con urgencia y que los bloques legislativos “se pongan por una vez la camiseta de los trabajadores”.



