La investigación, iniciada a mediados del mes pasado, fue llevada a cabo por la Auditoría General de Gestión del MPA, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en la tramitación del caso por parte de los fiscales. Esteban Fado Zamar, auditor general del MPA, explicó que este tipo de auditorías son habituales en casos sensibles, ya que buscan "velar por la transparencia y eficacia de los procedimientos internos".
Fado Zamar también mencionó que, según informaciones no oficiales, habría detenidos que fueron liberados durante la etapa inicial de la causa. Sin embargo, aclaró que esta información está bajo análisis en el ámbito de la justicia federal y no fue confirmada oficialmente.
La renuncia de Rondón y Fernández Ríos se produce en un contexto en el que la Auditoría General del MPA buscaba establecer si hubo mal desempeño en la tramitación del expediente. Ambos fiscales fueron investigados por su posible responsabilidad en la gestión del caso, lo que eneró un gran impacto en la sociedad jujeña.
El caso "Residencial Ranys" puso en evidencia la necesidad de garantizar la transparencia y eficacia en el manejo de causas que involucran delitos graves, especialmente aquellos que afectan a menores de edad. Las renuncias de los fiscales marcan un punto de inflexión en la investigación, que continúa su curso bajo la supervisión de las autoridades competentes.
Hasta el momento, el MPA no emitió un comunicado oficial sobre las renuncias ni sobre los avances en la auditoría. Sin embargo, se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el caso y sus implicancias.