La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la actualización del monto del decomiso a $684.990 millones. Frente a esta decisión, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja con el objetivo de frenar la ejecución de la condena patrimonial y evitar el eventual remate de los bienes alcanzados por la sentencia. Una estrategia similar fue impulsada por el empresario Lázaro Báez.
El máximo tribunal rechazó los planteos de nulidad y confirmó el monto actualizado del decomiso, que surge de la actualización de los cerca de $85.000 millones fijados originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
Con esta definición, la causa ingresó en una nueva etapa centrada en la ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían quedar alcanzados figuran inmuebles de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Cruz, además de hoteles vinculados a empresas de la familia y otros activos incorporados al expediente judicial.
En paralelo, la defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó que los bienes de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner sean excluidos del proceso, al sostener que no existe evidencia que demuestre que esos activos tengan relación con los hechos investigados.
La causa Vialidad es uno de los expedientes por corrupción más importantes de la historia reciente del país. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una investigación vinculada con 51 contratos de obra vial adjudicados en la provincia de Santa Cruz.
La sentencia fue posteriormente confirmada por las instancias superiores hasta quedar firme tras la intervención de la Corte Suprema.
Uno de los puntos centrales del proceso es el decomiso, una herramienta prevista por la legislación penal que permite al Estado recuperar bienes obtenidos o vinculados con delitos contra la administración pública. El monto reclamado se basa en el perjuicio económico atribuido a las irregularidades detectadas durante la investigación.
Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, al considerar que los activos vinculados a posibles maniobras de lavado de dinero deben quedar bajo el control de organismos especializados.
Si bien los nuevos recursos presentados podrían demorar algunas decisiones, especialistas en derecho sostienen que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático. Por ese motivo, la Justicia podría continuar con las tareas de identificación, tasación y eventual ejecución de los bienes alcanzados por la condena.
El expediente también mantiene un fuerte impacto político. Cristina Kirchner insiste en denunciar una persecución judicial, mientras que desde el oficialismo interpretan la ratificación de las condenas como un paso clave en el combate contra la corrupción.
De esta manera, el proceso judicial entra en una de sus etapas más trascendentes: la recuperación efectiva de los bienes que el Estado reclama como parte de la condena impuesta en la causa Vialidad.