La Justicia dio un nuevo paso en la causa Vialidad. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida que ordena el decomiso de bienes vinculados a la condena por administración fraudulenta en la obra pública vial.
Con esta resolución, el máximo tribunal penal del país evitó que el expediente escalara a la Corte Suprema y permitió continuar con el proceso para recuperar bienes valuados en $684.990.350.139,86, monto establecido en la condena dictada contra la ex mandataria.
La decisión alcanza a 111 bienes pertenecientes a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez. Entre ellos figuran propiedades heredadas o cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, además de inmuebles y empresas vinculadas al empresario santacruceño.
La resolución fue tomada por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. La mayoría del tribunal rechazó la totalidad de los recursos presentados, mientras que Borinsky votó en minoría a favor de habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto a algunos bienes vinculados a los hijos de Cristina Kirchner y a determinadas empresas de Báez.
En su voto, Hornos sostuvo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, consideró acreditado un “ilícito comprobado” que produjo “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la situación patrimonial de Máximo y Florencia Kirchner. Según Hornos, ya existía una “respuesta extensa, fundada y razonada” sobre el alcance del decomiso en instancias anteriores.
El magistrado rechazó los planteos que sostenían que el decomiso de bienes heredados o recibidos gratuitamente vulneraba principios constitucionales como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. También remarcó que, aunque los hijos de la expresidenta no fueron juzgados penalmente en la causa, eso no impide avanzar sobre los bienes si existe “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”.
“La transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”, sostuvo el juez.
Por su parte, Borinsky consideró que algunos bienes no contaban con suficiente sustento normativo para quedar alcanzados por la medida, especialmente aquellos adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal como inicio del período investigado.
Entre los bienes involucrados figuran diez departamentos en Río Gallegos y cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, ubicado en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.
En el caso de Lázaro Báez, el decomiso también incluye inmuebles pertenecientes a las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, firmas históricamente vinculadas a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La resolución representa un nuevo capítulo judicial para Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.