La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita dispusiera una serie de medidas destinadas a profundizar el análisis de su patrimonio y de sus ingresos declarados.

La fiscalía busca reconstruir la historia laboral y económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el año 2012. El objetivo es verificar la evolución de sus ingresos formales, contrastar la información presentada en sus declaraciones juradas y determinar el origen de distintas inversiones incorporadas a su patrimonio durante los últimos años.

Entre las medidas ordenadas, Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información vinculada a operaciones realizadas a través de plataformas de blockchain autorizadas en el país. Además, requirió a la ANSES la documentación correspondiente a los ingresos laborales y recibos de sueldo tanto del funcionario como de su esposa.

La investigación también se extiende al entorno familiar. En ese marco, la fiscalía analiza información patrimonial relacionada con el diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, con el objetivo de contrastar antecedentes, movimientos patrimoniales y declaraciones presentadas ante los organismos correspondientes.

Criptomonedas, herencia y propiedades bajo análisis

Uno de los ejes centrales de la causa está relacionado con las inversiones en criptomonedas declaradas por Adorni entre 2021 y 2023. Según consta en el expediente, el funcionario sostuvo que comenzó a invertir en bitcoins tras hallar una importante suma de dinero en una propiedad familiar vinculada a la sucesión de su padre, Jorge Adorni, fallecido en 2002.

Por ese motivo, la Justicia analiza la documentación sucesoria y la trazabilidad de los fondos utilizados para dichas inversiones, además de los movimientos financieros registrados durante los últimos años.

La fiscalía también investiga la posible existencia de propiedades que no habrían sido oportunamente declaradas, entre ellas una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en el barrio porteño de Caballito. Asimismo, se evalúa el estado de las deudas declaradas por el funcionario y su evolución patrimonial.

Otro de los aspectos que forman parte de la pesquisa es el análisis de los viajes realizados por Adorni y su grupo familiar, con el propósito de reconstruir movimientos y posibles operaciones vinculadas a la causa.

Las inconsistencias que investiga la fiscalía

Según la documentación presentada por el propio funcionario, en su declaración jurada correspondiente a 2024 informó haber recibido una herencia valuada en 10,2 millones de pesos. Sin embargo, en la declaración del año siguiente ese monto ascendió a 73 millones de pesos.

La significativa diferencia, sumada a la incorporación de activos digitales y otras variaciones patrimoniales, motivó nuevas medidas de prueba por parte de la fiscalía, que busca determinar si existe una justificación legal y documental para cada uno de los incrementos registrados.

Mientras avanza la investigación, la Justicia continúa reuniendo información para establecer si la evolución patrimonial del jefe de Gabinete guarda relación con sus ingresos declarados o si existen elementos que justifiquen profundizar la causa.