El Gobierno de Javier Milei avanzó con una de las reformas más ambiciosas de su agenda de desregulación al anunciar el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Sociedades. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, busca otorgar mayor libertad a los empresarios, reducir la intervención estatal y adaptar el marco legal argentino a los nuevos desafíos tecnológicos.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue el encargado de detallar los principales cambios. Según explicó, la propuesta apunta a dejar atrás un sistema basado en controles y restricciones para dar paso a un modelo centrado en la autonomía de los socios y la libertad contractual.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto establece que las normas de la Ley de Sociedades pasarán a ser supletorias, lo que significa que prevalecerá lo que las partes acuerden en sus estatutos. Además, los registros públicos ya no podrán dictar disposiciones que limiten derechos reconocidos por la ley.
La iniciativa también elimina varias exigencias burocráticas. Entre ellas, habilita que las sociedades puedan desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que exista relación entre ellas. Incluso, si una empresa no especifica un objeto social en su estatuto, se entenderá que puede realizar cualquier actividad lícita.
Otro de los puntos centrales es la digitalización total de la vida societaria. El proyecto contempla la utilización de domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas virtuales y la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica. Asimismo, se prevé la creación de un legajo digital público para cada empresa.
En materia de financiamiento, se incorporan los llamados instrumentos de inversión convertibles, una herramienta que permitirá a los inversores aportar capital sin convertirse inmediatamente en socios ni asumir responsabilidad por las deudas de la compañía. El objetivo es facilitar la llegada de inversiones y fomentar el desarrollo de emprendimientos y empresas innovadoras.
La reforma también introduce nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital. Entre ellas se destaca la creación de la denominada “Sociedad Automatizada”, una empresa capaz de operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin necesidad de empleados para su funcionamiento cotidiano. Además, se reconoce legalmente a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras basadas en blockchain que utilizan tokens para gestionar participaciones y operaciones.
Según el texto oficial, ambas modalidades contarán con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada, lo que les permitirá operar dentro del sistema legal argentino.
Por otra parte, el proyecto simplifica los procesos de reorganización empresarial. Cuando una sociedad controle el 100% del capital de otra, podrá absorberla directamente sin necesidad de atravesar múltiples instancias administrativas o asamblearias.
También se habilita que las empresas sometan sus conflictos internos a legislación extranjera o a sistemas de arbitraje privado, una medida que, según el Gobierno, busca agilizar la resolución de controversias y acercar el régimen argentino a modelos utilizados en centros financieros internacionales.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo apuesta a generar un marco más flexible para la actividad privada, atraer inversiones y adaptar la legislación comercial a las nuevas tecnologías. Ahora será el Congreso el encargado de debatir una reforma que promete abrir una fuerte discusión sobre los límites de la desregulación y el papel del Estado en el control de las sociedades comerciales.