Por decisión del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional profundiza el proceso de reducción de la estructura estatal mediante un esquema de retiros voluntarios impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
La medida apunta principalmente a organismos descentralizados, aunque desde Casa Rosada ya evalúan extender el mecanismo a áreas de la administración central en las próximas semanas.
Según fuentes oficiales, más de 2.300 trabajadores ya adhirieron al sistema de retiros voluntarios desde el inicio de la nueva etapa de recortes, mientras el Ejecutivo proyecta una reducción aún mayor en los próximos meses.
Vialidad y ANSES, entre los organismos más afectados
Dentro del plan de ajuste estatal, el oficialismo destacó como “los más exitosos” los procesos realizados en la Dirección Nacional de Vialidad y en la Administración Nacional de la Seguridad Social.
En Vialidad, estiman que cerca de 1.000 empleados dejaron el organismo, mientras que en ANSES hubo alrededor de 1.170 desvinculaciones, lo que representa aproximadamente un 10% de la planta de personal en ambos casos.
La política también se aplicó en Radio y Televisión Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil, la Casa de la Moneda y la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística.
Desde el oficialismo remarcan que quienes adhieren al retiro voluntario no podrán volver a trabajar en el Estado durante un período de cinco años.
Nuevos retiros en INTA y PAMI
El Gobierno ya prepara nuevas etapas del plan de ajuste en organismos públicos. Entre ellos aparece el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde avanzan conversaciones para implementar nuevos retiros.
Además, el Ejecutivo analiza abrir el esquema en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, organismo que cuenta con una planta cercana a los 11.000 trabajadores.
Fuentes oficiales aseguraron que existen otros cuatro organismos bajo análisis, aunque evitaron precisar cuáles son debido al carácter “dinámico” del proceso.
El argumento oficial
Desde el Gobierno sostienen que el sistema de desvinculación voluntaria permite reducir costos y evitar conflictos gremiales, ya que se trata de acuerdos consensuados.
Según explicaron, el esquema contempla el pago de aproximadamente el 90% del salario bruto por cada año trabajado y, en muchos casos, el ahorro para el Estado comienza a reflejarse antes de cumplir un año.
En paralelo, remarcan que el retiro voluntario resulta menos costoso que afrontar indemnizaciones tradicionales.
De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales cuentan actualmente con 276.104 empleados, lo que representa una caída interanual del 6,3%.
En Casa Rosada aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, ya se eliminaron más de 65.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión libertaria.