Puente consignó que fue ella misma quien se percató en un momento de que el procedimiento no estaba saliendo bien.
"En un momento del procedimiento la paciente se movió y se le cayó el brazo hacia adelante. Ahí me di cuenta de que la panza estaba dura y grande. Diego, mirá, le dije. Él estaba mirando el duodeno, buscaba ver un cálculo. Entonces le insistí: Diego, aspirá. A los dos nos impresionó, creo que se asustó mucho", dijo Puente sobre Bialolinkier.
"En principio pensé que era una reacción alérgica e indiqué que la pusieran boca arriba, porque estaban haciendo el procedimiento de costado. Ahí me di cuenta de que tenía hinchado el lado izquierdo del labio inferior y el párpado izquierdo".
"Luego intentaron intubarla desde la laringe, y cuando introdujeron el aparato me di cuenta de que había sangre y que se trataba de una hemorragia digestiva. Estaba hinchada como un tonel", recordó Puente.
Consultada sobre el responsable de la lesión esofágica, la anestasista respondió que "lo único que había entrado a la vía digestiva era el endoscopio", apuntando a Bialolinkier.
En horas de la tarde fue el turno de los responsables de hacer la autopsia de Pérez Volpin y también complicaron al endoscopista. "Fue una muerte violenta" que se desató en menos de cinco minutos, descartaron una "enfermedad preexistente que pudiera haber puesto en riesgo de vida" a la ex periodista y aseguraron que las lesiones fueron "producto de una maniobra instrumental".
Los expertos señalaron que "el endoscopio tenía una salida de aire que no funcionaba correctamente" porque, según los ingenieros, era superior a la normal. Y ratificaron: "Hubo una lesión producida por el instrumento médico. En este caso, el endoscopio".
El juicio oral y público, que tuvo su primera jornada en el inicio de la feria judicial de invierno, contará con 58 testigos que darán sus testimonios en las audiencias, que se desarrollarán todos los días hábiles a partir de las 9.30.
Tanto la anestesista como el endoscopista afrontan el delito de homicidio culposo que prevé una pena de hasta 5 años de prisión e inhabilitación de diez años en el ejercicio de la profesión.