"La capacitación y formación en perspectiva de género y en la atención de la violencia es una exigencia que venimos sosteniendo y que se materializa en la Ley Micaela, por eso interpelamos al gobierno provincial para que esta ley se ponga en funcionamiento, de forma urgente, en los tres poderes del Estado", resaltó Romina Canchi, de la Comisión de Género e Igualdad de Oportunidades de CTA A.
Apuap y CTA A vienen impulsando una agenda de trabajo conjunta que pretende avanzar en la generación de propuestas para la ampliación de los derechos de las trabajadoras ocupadas, desocupadas y precarizadas, y están llevando adelante espacios de articulación y encuentro con otras entidades gremiales que han mostrado gran interés en integrarse activamente a esta agenda.
Desde el área de Apuap, Andrea Batalla remarcó que "esta ley representa una respuesta concreta al problema de la falta de formación para atender y acompañar a las mujeres en situación de violencia, y alcanza niveles jerárquicos, en donde es muy necesaria la capacitación, como también para las trabajadoras y trabajadores. Creemos que tiene que tener asignación presupuestaria del Ejecutivo Provincial específica para que se garantice su funcionamiento y que el tema se tiene que tratar en la Legislatura de forma inmediata.