Los fotógrafos Bernardino Ávila, del diario Página/12, y Pablo Barrientos, de la Revista Cítrica, fueron apresados mientras hacían la cobertura de la manifestación de trabajadores de la cooperativa Madygraf, que acusan al gobierno de haberlos perjudicado al desestimar su oferta en la licitación pública de diciembre de 2018 para proveer al Ministerio de Educación de material didáctico, aun cuando la cooperativa presentó un monto muy inferior al presentado por las compañías que se presentaron.
La represión policial hacia los manifestantes se extendió luego a los cronistas y reporteros gráficos que cubrían la protesta. Los arrestados fueron acusados de “lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”.
En el caso de Bernardino Ávila, alarma el hecho de que se trata el mismo reportero que hace pocos días registró la represión de la misma fuerza de seguridad mientras se desarrollaba en el barrio de Constitución un “verdurazo” en el que productores pretendían vender sus mercaderías a precio justo para visibilizar la situación crítica del sector.
Una de las imágenes que registró Ávila dio la vuelta no solo por las redes sociales y los medios locales sino también en canales informativos de otros países: una anciana, apoyada en su changuito, recogía berenjenas que habían quedado desparramadas en el suelo, mientras a su lado se veían formados y amenazantes los efectivos de la Policía de la Ciudad.
El gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires parecen dispuestos no solo a acallar las protestas mediante la represión policial y la persecución judicial a referentes, dirigentes, delegados e integrantes de diversos colectivos, sino que también pretende anular el ejercicio democrático de informar sobre las manifestaciones y las políticas públicas que las provocan.
A la censura encubierta que se ejerce a través del manejo discrecional de la pauta oficial y a través de la judicialización de los responsables de medios no afines al gobierno, se suma ahora la acción represiva directa sobre los trabajadores de prensa, privando a la ciudadanía de su derecho a informarse y conocer los efectos de esas políticas.
Desde PUAJ advertimos que la democracia está en peligro, e invitamos a la ciudadanía a tomar conciencia sobre el riesgo que implica la naturalización de las acciones represivas y el achicamiento de espacios informativos y de difusión que den visibilidad a los hechos de la realidad."

San Salvador de Jujuy, 20 de febrero de 2019