La letra del documento apunta a fomentar "la inclusión laboral en el ámbito público y privado para víctimas de trata y explotación, ya sea mediante cupo o incentivos para las empresas que contraten personas rescatadas de situaciones de esclavitud sexual o laboral", y establece que "tiene por objeto crear condiciones para el acceso al trabajo de personas que han sido víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades, reconocidas por autoridad judicial o administrativa".

La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas adoptó las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados y obtuvo el dictamen favorable. Al momento, se encuentra a la espera de la promulgación del Poder Ejecutivo provincial.

La normativa establece que las autoridades de la provincia a cargo de Gustavo Saenz deberán encargarse de "articular con las autoridades nacionales y municipales la asistencia a las víctimas de trata o de explotación de personas, procurando el inmediato abordaje integral a su grupo familiar o comunidad".

Además, plantea la creación de un mapa provincial de trata de personas y explotación para articular la inclusión de las víctimas en bolsas de trabajo "según sus capacidades, y brindar capacitaciones en territorios de origen o residencia, que mejoren sus aptitudes laborales".

Cabe destacar que Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Tucumán debaten el proyecto promovido por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y los gobiernos y legisladores provinciales y cuenta con estado parlamentario.