Un nuevo capítulo de controversia se sumó a la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. El abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, denunció que los fiscales “se olvidaron” de llevar las pruebas necesarias a la audiencia preliminar, lo que impidió avanzar con la fijación de la fecha para el juicio por jurados.
En declaraciones, el letrado apuntó contra los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes —según sostuvo— no presentaron el material correspondiente en los Tribunales de San Isidro para que la jueza María Coehlo, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, pudiera avanzar con el proceso.
“Se les escapó la tortuga”, ironizó Baqué, citando una recordada frase atribuida al propio Maradona, y calificó la situación como un “escándalo”, al remarcar que ya pasaron “cinco años y cuatro meses” desde el fallecimiento del ex futbolista sin que haya comenzado el debate oral.
La magistrada resolvió fijar una nueva audiencia para el próximo 6 de abril en la sede judicial de Ituzaingó 340, luego de que la defensa también cuestionara el rechazo de ocho testigos propuestos por Madrid.
Los acusados en la causa
Dahiana Madrid integraba el equipo de enfermería que asistía a Maradona en el country San Andrés, en Tigre, donde el ex jugador fue hallado sin vida el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca.
En paralelo, el 17 de marzo comenzará el segundo debate oral y público contra el resto de los imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la médica Nancy Edith Forlini; el clínico Pedro Di Spagna; y el enfermero Ricardo Omar Almirón.
Cabe recordar que el primer proceso fue anulado tras la polémica generada por la filmación del documental “Justicia divina”, vinculado a la actuación de la ex magistrada Julieta Makintach.
Con este nuevo episodio, la causa vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y mediática, mientras familiares, acusados y la opinión pública aguardan definiciones en torno a uno de los expedientes más sensibles de la historia reciente argentina.