El decreto ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, refuerza la presencia militar en infraestructuras críticas como servicios públicos e industria petrolera y habilita la requisición de bienes, el cierre de fronteras y la suspensión de manifestaciones no autorizadas. En Caracas, los puntos de control se multiplicaron y efectivos de seguridad detuvieron a peatones y conductores, revisando incluso sus teléfonos en busca de mensajes o publicaciones que expresaran apoyo a la intervención estadounidense.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, difundió un video rodeado de oficiales armados en el que aseguró que se realizarán patrullajes intensivos para “garantizar la paz” en todo el territorio. El gobierno fundamentó la medida en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que permite declarar estados de conmoción interior o exterior ante amenazas a la seguridad nacional.
La aplicación del decreto, sin embargo, tiene límites: no pueden suspenderse derechos considerados intangibles, como el derecho a la vida, las garantías del debido proceso, la prohibición de la incomunicación y la tortura, ni el acceso a la información.
En paralelo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la detención de 14 periodistas durante un operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo, mientras se producía la jura de la nueva conducción de la Asamblea Nacional. Los comunicadores fueron interrogados y obligados a entregar sus teléfonos celulares, aunque recuperaron la libertad horas más tarde. Uno de ellos fue deportado a Colombia. El gremio recordó que en Venezuela permanecen detenidos de manera prolongada 23 periodistas.
Con información de: Ámbito