La medida, que generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición y organizaciones políticas, contempla la posibilidad de que agentes de inteligencia intervengan ante la comisión de delitos en flagrancia, bajo condiciones que deberán ser precisadas en el nuevo esquema reglamentario.
Alcances del DNU 941
Según el texto del decreto, los agentes de la SIDE podrán detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. La norma establece como condición obligatoria el “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Desde el Gobierno señalan que la facultad no implica un reemplazo de las fuerzas de seguridad, sino una herramienta excepcional vinculada a situaciones específicas. No obstante, la amplitud del texto generó un debate público sobre los límites de la intervención de los organismos de inteligencia en tareas tradicionalmente reservadas a la policía.
El DNU fue publicado a fines de 2025 y comenzó a regir en los primeros días de enero, marcando uno de los primeros movimientos normativos del Ejecutivo en el inicio del nuevo año.
Un protocolo para delimitar las aprehensiones
Ante las críticas y la falta de precisiones operativas, el Ejecutivo trabaja en un protocolo que buscará establecer con mayor claridad en qué circunstancias los agentes estarán habilitados para realizar aprehensiones. De acuerdo a fuentes oficiales, el documento también definirá qué personal estará autorizado a intervenir en este tipo de situaciones.
El objetivo del protocolo es fijar criterios de actuación, alcances y responsabilidades, y evitar interpretaciones amplias del decreto. Además, se espera que incluya procedimientos de notificación inmediata a las fuerzas de seguridad y mecanismos de registro de cada intervención.
Desde el oficialismo sostienen que el protocolo será clave para ordenar la aplicación práctica del DNU y reducir márgenes de discrecionalidad.
Reacciones políticas y debate institucional
La decisión del Gobierno fue cuestionada por sectores de la oposición, que denunciaron el riesgo de avanzar hacia un “Estado policial” y advirtieron sobre posibles prácticas de persecución. Estos planteos se suman a un clima de tensión política en torno al rol de los organismos de inteligencia y su control democrático.
El DNU 941 coloca a la SIDE bajo la órbita de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplaza a la anterior División de Asuntos Internos. El control político del organismo continúa en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, una figura central en el esquema de poder del actual Gobierno.
Según lo establecido, la IGI tendrá la función de supervisar las actividades del organismo, incluyendo las nuevas atribuciones vinculadas a la aprehensión de personas.
Un tema que seguirá en agenda
La confección del protocolo aparece como el próximo paso inmediato para la implementación efectiva del DNU 941. Su contenido y alcance serán determinantes para definir cómo se aplicarán en la práctica las nuevas facultades otorgadas a la SIDE.
En un contexto de debate institucional y político, el rol de los organismos de inteligencia y sus límites operativos se consolidan como uno de los ejes que seguirá marcando la agenda pública en el inicio de 2026.