La medida, inédita en el país, se fundamenta en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y prioriza la salud pública por sobre los intereses individuales. Los denunciados deberán asistir a una audiencia informativa y tendrán un plazo de 30 días para regularizar la situación.
Las sanciones previstas incluyen multas de hasta USD 336.000, arresto de hasta cinco días o trabajos comunitarios en hospitales, según el Código de Contravenciones de Mendoza.
La provincia reglamentó este procedimiento en agosto de 2025 mediante la Resolución 2572, que establece el protocolo de intervención ante casos de incumplimiento.
Desde el área de Inmunizaciones, Iris Aguilar remarcó que el objetivo no es castigar, sino proteger el derecho a la salud de los menores. También advirtió sobre el impacto de los discursos antivacunas y llamó a la población a confiar en información respaldada: “Las vacunas salvan vidas. No las cuestionemos”.
Con información de: Infobae