El Senado vivió este viernes una escena tan silenciosa como devastadora. Lorena Villaverde, senadora electa de La Libertad Avanza en Río Negro con el 42% de los votos, no pudo asumir su banca. Lejos del estruendo habitual, su diploma regresó por unanimidad a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En la platea, la futura legisladora siguió la sesión como una observadora más, mientras el clima político se espesaba a su alrededor.

La decisión no sorprendió a nadie dentro del recinto. El prontuario de Villaverde —detención en Miami en 2002 durante un operativo del FBI por intentar adquirir quince kilos de cocaína, condena por contrabando agravado, prohibición perpetua de ingreso a Estados Unidos, embargos por más de cincuenta millones de pesos y vínculos con el narcoempresario extraditado Federico “Fred” Machado— se volvió imposible de ignorar.

A eso se suma un frente interno que erosiona cualquier defensa. Según la Justicia federal, Machado habría canalizado 73 millones de pesos en facturas apócrifas para financiar campañas de La Libertad Avanza en la Patagonia, incluida la de Villaverde. Su propio apoderado provincial, Santiago Viola, la denunció por administración fraudulenta y retención de fondos de campaña, mientras una excolaboradora reclama salarios pagados en negro.

Patricia Bullrich, flamante jefa del bloque oficialista, intentó sostener su incorporación: “No tiene ninguna condena en Argentina”, insistió en redes y en conversaciones privadas. Pero su defensa chocó contra un muro. Radicales, peronistas y los propios aliados libertarios coincidieron en que el costo político sería insoportable.

Victoria Villarruel evitó pronunciarse. Karina Milei también. Bullrich quedó aislada.

Desde el PRO, la postura fue tajante: “Con este prontuario no debería asumir. Tiene impedimento de entrada a Estados Unidos y denuncias por estafa en Río Negro”, deslizaron fuentes del partido, marcando distancia del oficialismo.

El antecedente que el Gobierno quiso evitar

En Balcarce 50 hicieron cuentas. Perder una banca es preferible a permitir que la oposición utilice el caso Villaverde como ariete cada vez que se discutan DNU o el Presupuesto 2026. Y el Senado, más allá de los discursos, decidió establecer un límite político que trasciende la ausencia de condenas firmes.

El episodio expuso una contradicción incómoda: el gobierno bloqueó la Ley de Ficha Limpia meses atrás, una decisión que hoy le explota en las manos. La bandera de la “lucha contra la casta” se deshilacha justo cuando más necesitaba consistencia para encarar negociaciones legislativas de alto voltaje.

En su provincia ya la apodan “la tóxica”. El segundo en la lista, Enzo Fullone —hijastro de Machado—, está listo para reemplazarla si renuncia o es apartada. Viola y el legislador libertario Berros la denuncian en medios y tribunales. En su espacio, nadie responde. El vacío es total.

Villaverde continúa publicando descargos en sus redes, pero el silencio sobre las acusaciones pesa más que cualquier posteo. La pregunta que crece entre los votantes y dentro del propio oficialismo es simple y brutal, ¿Explicará alguna vez cada tramo de su historial judicial, financiero y político?

Bullrich perdió la primera batalla antes de asumir formalmente su rol.

El gobierno de Javier Milei inicia una nueva etapa parlamentaria con una banca en suspenso, un conflicto nacido puertas adentro y una narrativa anticorrupción seriamente dañada.