Milei dijo que “los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo” y sostuvo que la reforma apunta a devolver el federalismo a las provincias, permitiendo que cada una defina sus zonas periglaciares. La propuesta, impulsada originalmente por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se presenta como una oportunidad para aprovechar recursos naturales estratégicos.
El debate se centra en dos caminos: avanzar con un decreto reglamentario de rápida aplicación, pero vulnerable a impugnaciones judiciales, o impulsar una ley aclaratoria en el Congreso que otorgue mayor solidez y estabilidad jurídica. Las provincias mineras, especialmente San Juan, reclaman que la autoridad de aplicación sea provincial para garantizar inversiones que podrían superar los 15.000 millones de dólares.
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, señaló que “si las provincias andinas no unificamos criterios y no damos reglas claras y estables, vamos a seguir teniendo recursos, pero no vamos a convertirlos en reservas ni en riqueza para nuestras economías”.
El sector privado coincide en la necesidad de precisión técnica y previsibilidad. Ignacio Celorrio, vicepresidente de Lithium Argentina, dijo que “nadie va a comprometer inversiones de magnitud sin saber qué es un glaciar, qué es ambiente periglacial o cuál es su alcance”.
La Corte Suprema ya había marcado que la protección ambiental es un derecho constitucional, pero debe armonizarse con el régimen federal que otorga a las provincias la competencia sobre los recursos naturales. En este contexto, el secretario de Minería, Luis Lucero, advirtió que la falta de definiciones claras “puede destruir la oportunidad histórica del país” y llamó a Nación y provincias a repensar la estrategia.
Con información de: Ámbito