La información fue confirmada por el Tribunal Oral Federal número uno de La Plata a los querellantes en las múltiples causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Etchecolatz había sido beneficiado en las últimas semanas con una prisión domiciliaria en virtud de su deteriorado estado de salud, pero tal beneficio no llegó a concretarse por la cantidad de condenas que lo retenían en una cárcel común.

Cuando comenzó la pandemia, el represor fue alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, desde donde en las últimas semanas fue trasladado a una clínica de la ciudad bonaerense de Merlo y luego a otro establecimiento para los preparatorios de una operación que no llegó a realizarse.

Según el último reporte del Cuerpo Médico Forense sobre su salud, el genocida padecía las secuelas de un cuadro de hipertensión arterial, un accidente cerebro vascular (ACV), deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, hiperplasia benigna de próstata y diverticulosis colónica. Además, arrastraba las consecuencias de haber sido fumador durante gran parte de su vida.

Miguel Osvaldo Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la etapa más feroz de la represión del régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983.

En mayo pasado había recibido su última prisión perpetua, en un juicio en el que también resultó condenado a la misma pena el ex policía Julio César Garachico: ambos fueron hallados responsables de los delitos de "privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado" en perjuicio de Jorge Julio López, Norberto Rodas, Alejandro Emilio Sánchez, Patricia Dell Orto, Francisco López Muntaner, Efraim Guillermo Cano y Ambrosio De Marco.

En el caso de Jorge Julio López, la condena no se relacionó con su desaparición sino con el secuestro y las torturas que padeció durante la dictadura, y por las que estaba declarando en 2006, cuando fue visto por última vez.

Pese a las evidencias de su dominio sobre una estructura represiva conocida como "Circuito Camps", que manejó una veintena de centros de detención, tortura, exterminio e incluso maternidades clandestinas, el represor fue uno de los beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Cuando en 2003 esas normas que consagraban la impunidad y los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem fueron declarados nulos, se reanudaron los procesos en su contra.

Cabe resaltar que Etchecolatz nunca reconoció la jurisdicción de los tribunales – de hecho, nunca declaró en un juicio- y sostenía que debía ser juzgado bajo las leyes militares. Pero, además, sostenía que sus actos sólo podían ser juzgados "por Dios".