El texto establece un marco legal para garantizar “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”. El procedimiento deberá cumplir estos requisitos:
- Ser mayor de edad y tener capacidad psíquica plena.
- Encontrarse en etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o sufrir dolores insoportables.
- Contar con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud.
- Ser ciudadano uruguayo o extranjero con residencia acreditada.
Durante el debate, el diputado Luis Enrique Gallo (Frente Amplio) defendió el proyecto y expresó que “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”. La discusión se extendió por más de cinco horas en Montevideo.
Uruguay se convertiría en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, tras Colombia y Ecuador. Colombia regula la práctica desde 1997 y Ecuador despenalizó la muerte asistida en 2023, aunque aún no se ha aplicado. Desde 2013, la legislación uruguaya permite a pacientes terminales rechazar tratamientos que prolonguen la vida, pero la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal.
El proyecto fue impulsado por el Frente Amplio a principios de 2025 y cuenta con el respaldo de sectores de la oposición. La Comisión de Salud de la cámara baja emitió dictamen favorable en julio. Para entrar en vigor, la norma debe pasar el Senado, donde el oficialismo dispone de mayoría, y se espera una votación antes de fin de año.
En el ámbito internacional, Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos permiten la eutanasia o el suicidio asistido bajo condiciones similares. Una encuesta de Factum de 2022 reveló que un 77% de la población uruguaya apoya la legalización de la muerte asistida en circunstancias específicas, lo que refuerza las posibilidades de aprobación definitiva.
Fuente consultada: Infobae