Los obreros fueron atraidos con falsas promesas de empleo en la finca conocida como “Los Chilenitos” y sometidos a tareas de deschampe en condiciones extremas, alojados en campamentos improvisados, con un único plato de comida descontado de su salario y obligados a recorrer cinco kilómetros para conseguir agua potable bajo temperaturas cercanas a 50 grados.
Para reforzar la dimensión social del fallo, el imputado Jesús Isauro Erazo deberá prestar tareas comunitarias durante seis meses, con cuatro horas semanales de limpieza y acompañamiento en un hogar de ancianos de Tartagal. La inclusión de esta condición fue propuesta por el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas para “reforzar el sentido de responsabilidad social del acusado”.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal, explicó que, pese a la solidez de la acusación y la alta probabilidad de condena, los mecanismos civiles de indemnización suelen resultar infructuosos para las víctimas. “No tengo mucha certeza”, afirmó al analizar las posibilidades de cobrarlas en un juicio civil tradicional.
El defensor de víctimas, Nicolás Escandar, sostuvo que el acuerdo no representa impunidad, ya que el proceso penal podría reactivarse si se incumplen las condiciones pactadas. Escandar agregó que se evaluó la capacidad de pago de Erazo antes de presentar la propuesta a los afectados, quienes finalmente aceptaron la salida alternativa como la vía más rápida para acceder a una reparación efectiva.
El rescate de las víctimas se produjo tras una denuncia anónima a la línea 145 del Programa de Rescate de Víctimas de Trata, que motivó un operativo de Gendarmería Nacional el 18 de diciembre de 2023. El fallo de la Cámara salteña marca un precedente por su alcance económico y simbólico en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral.
Fuente consultada: Infogremiales