Según la Defensoría, la canasta básica que un jubilado necesita para vivir dignamente ronda los $800.000 mensuales. Sin embargo, la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54, un monto claramente insuficiente para cubrir los gastos esenciales. Incluso con el bono de $70.000 otorgado por el Gobierno, que eleva el ingreso a $295.000, el poder adquisitivo de los jubilados sigue siendo muy inferior a lo necesario para alcanzar la canasta básica.
La situación es aún más crítica para aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, y para el millón de personas con pensiones no contributivas que apenas llegan a los $220.000 mensuales. Estas cifras dejan en evidencia la fragilidad del sistema previsional argentino y la precariedad en la que viven muchos adultos mayores.
Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, advirtió que la situación económica está teniendo un impacto devastador en la salud de los jubilados. Según Semino, entre el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, pero sus bajos ingresos les impiden acceder a alimentos adecuados para cuidar su salud. Además, enfrentan dificultades para comprar medicamentos esenciales y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que agrava su ya deteriorada calidad de vida.
En este contexto, la discusión sobre la nueva ley de movilidad jubilatoria generó una fuerte controversia. El Ejecutivo, liderado por Javier Milei, anunció que vetará la ley sancionada por el Senado, que proponía un aumento del 8,1% en las jubilaciones. El Gobierno argumenta que la medida es "irresponsable, ilegal e inconstitucional", y que su implementación pondría en riesgo el superávit fiscal al incrementar el gasto público sin respaldo presupuestario, lo que obligaría a recurrir a la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento.
En un comunicado difundido en redes sociales, la administración de Milei criticó al Congreso Nacional por aprobar lo que considera "un acto de populismo demagógico" y se comprometió a mantener el superávit fiscal "a toda costa". Esta postura ha intensificado el debate sobre el futuro del sistema previsional en Argentina, dejando en evidencia la necesidad de reformas profundas para garantizar el bienestar de los jubilados y pensionados.