La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y establece que durante julio solo se aplicará una parte de las actualizaciones impositivas que permanecían pendientes.
Qué cambia desde julio
El decreto modifica el esquema previsto en el Decreto 617/2025 y sus prórrogas, que desde hace más de un año vienen escalonando los incrementos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono.
De esta manera, el Ejecutivo resolvió evitar que todo el atraso acumulado se traslade de una sola vez al precio de los combustibles, lo que podría generar un aumento más pronunciado en las estaciones de servicio.
Según explicó el Gobierno, la medida apunta a mantener un equilibrio entre los objetivos fiscales y la necesidad de contener la inflación, reduciendo el efecto que un incremento pleno tendría sobre el costo del transporte y el resto de los bienes y servicios.
Los impuestos siguen acumulando atraso
La legislación vigente establece que estos tributos deben actualizarse de manera trimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin embargo, tanto la actual administración como gobiernos anteriores recurrieron en distintas oportunidades al diferimiento de estos aumentos para evitar un traslado inmediato a los precios de los combustibles y, por extensión, a la inflación.
Como resultado, se acumuló un retraso importante en los valores de referencia de ambos impuestos. En los últimos meses, el Gobierno aplicó parte de esas actualizaciones de forma gradual, aunque mantuvo pendiente una porción significativa de los incrementos.
El objetivo: evitar presión sobre la inflación
La nueva disposición establece que durante julio de 2026 únicamente se trasladará una parte de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y a los primeros trimestres de 2025, mientras que el resto continuará diferido para futuras revisiones.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca contener el impacto de los combustibles sobre el índice general de precios en un contexto en el que la evolución de la inflación sigue siendo uno de los principales indicadores económicos que monitorea el Gobierno.
La medida representa una nueva postergación en la actualización plena de estos impuestos y mantiene abierto el debate sobre cuándo se aplicará el total de los incrementos pendientes establecidos por la legislación vigente.