La detención de Franco Matías Javier Oscari, un joven campesino y militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), generó una fuerte polémica luego de que familiares, abogados y organizaciones sociales denunciaran que desconocen su paradero y exigieran garantías para resguardar sus derechos durante el proceso judicial.
El arresto fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en el paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara, en el marco de una investigación por presuntas amenazas dirigidas a la senadora nacional Patricia Bullrich.
La investigación judicial
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, la causa se inició tras detectarse un mensaje intimidatorio publicado desde un perfil en una red social, en el que se amenazaba de muerte a la legisladora.
A partir de esa denuncia, personal de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal llevó adelante tareas de investigación que permitieron identificar al presunto titular de la cuenta investigada. Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y posteriormente del Juzgado Federal N.º 1 de Jujuy, se ordenó el allanamiento de la vivienda ubicada en una zona rural de Palma Sola.
Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a Oscari y secuestraron un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa por el delito de amenazas.
Denuncian que se desconoce su paradero
Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro cuando familiares y organizaciones sociales aseguraron que, luego de permanecer alojado en la sede de la Policía Federal en San Salvador de Jujuy, se perdió información sobre el lugar donde se encuentra actualmente detenido.
Según denunciaron, la defensa legal no habría recibido notificación oficial sobre un eventual traslado, situación que consideran una vulneración de las garantías procesales.
Asimismo, cuestionaron el operativo policial, al señalar que fue realizado durante la madrugada con un importante despliegue de efectivos armados que irrumpieron en la vivienda familiar, redujeron a los presentes y trasladaron al joven sin brindar explicaciones en ese momento.
Denuncias de persecución
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena y otras organizaciones sostienen que la detención se produjo apenas un día después de que la familia obtuviera un fallo judicial favorable que suspendió un intento de desalojo de las tierras que ocupan en Las Goteras.
También remarcaron que la madre de Oscari integra un amparo colectivo ambiental presentado contra el Estado provincial por presuntos daños al bosque nativo vinculados a la actividad minera en la zona de Palma Sola.
En ese contexto, denunciaron que la negativa a conceder la excarcelación se sustentó en argumentos que consideran discriminatorios, vinculados a su condición de campesino, su residencia en una zona rural de difícil acceso y la falta de conectividad.
Las organizaciones sostienen que esos criterios no constituyen riesgos procesales válidos y afirman que el caso representa un nuevo episodio de criminalización contra comunidades campesinas e indígenas.
Exigen información oficial
Mientras la causa judicial continúa en trámite, familiares, abogados y organizaciones sociales reclaman que las autoridades informen oficialmente dónde se encuentra Franco Oscari, que se garantice el acceso de su defensa y que se respeten plenamente sus derechos durante todo el proceso judicial.
Bajo las consignas "¡Aparición y libertad de Franco!" y "¡Cese de toda persecución contra las familias campesinas de Las Goteras!", distintas organizaciones convocaron a acompañar el reclamo y exigieron transparencia en el desarrollo de la investigación.