El relevamiento evaluó cuánto invierte cada provincia en el sostenimiento de sus cámaras legislativas y relacionó esos montos con la cantidad de representantes que integran cada cuerpo parlamentario. El objetivo fue medir el nivel de gasto y eficiencia administrativa de las legislaturas provinciales.
De acuerdo con el informe, Jujuy integra el grupo de provincias consideradas más eficientes en términos de gasto legislativo, junto con Santiago del Estero, Mendoza y San Luis.
Cómo se realizó el análisis
La investigación tomó como base los presupuestos provinciales vigentes y los recursos asignados al Poder Legislativo en cada distrito. Posteriormente, esos datos fueron vinculados con la cantidad de legisladores que posee cada provincia para obtener una comparación homogénea.
Desde la Fundación Libertad señalaron que el trabajo busca aportar información sobre el costo de funcionamiento de las instituciones legislativas y promover el debate sobre la eficiencia en la administración de los recursos públicos.
El estudio destaca que las diferencias entre provincias son importantes, tanto por el tamaño de las cámaras como por los recursos que cada una destina a su estructura administrativa.
Tucumán encabeza el ranking de gasto
En el otro extremo de la tabla aparece Tucumán, identificada como la provincia que más dinero destina al sostenimiento de su estructura legislativa.
Según los datos difundidos por la Fundación Libertad, el gasto legislativo tucumano alcanza los $2.735.448.833, ubicándose como el más elevado entre las jurisdicciones analizadas.
La comparación permite observar distintas realidades administrativas y presupuestarias en el país, en un contexto donde la eficiencia del gasto público se convirtió en uno de los ejes centrales de discusión en la agenda política y económica.

Un dato que vuelve al centro del debate
La ubicación de Jujuy entre las legislaturas de menor gasto aparece como un indicador de austeridad administrativa dentro del esquema provincial y suma un elemento más al debate sobre el uso de los recursos públicos y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El informe de la Fundación Libertad aporta así una nueva fotografía sobre cómo las provincias financian sus poderes legislativos y cuáles son las jurisdicciones que logran sostener su actividad parlamentaria con menores niveles de gasto.



