La Justicia condenó este viernes a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo al exgendarme Iván Ajalla, acusado por el homicidio de Ramón Pereyra, el comerciante y vecino de la localidad de El Talar que fue asesinado en marzo de 2026.
La resolución se alcanzó a través de un juicio abreviado, luego de un acuerdo entre la defensa del imputado y la fiscalía que estuvo a cargo de la investigación. Ajalla llegó al proceso acusado por el delito de homicidio simple y recibió una pena de diez años de prisión efectiva, decisión que fue homologada por el juez interviniente.
Tras conocerse la sentencia, las hijas de Ramón Pereyra y su representante legal, la abogada Sara Cabezas, manifestaron públicamente su rechazo al acuerdo judicial. Para la familia de la víctima, la condena resulta insuficiente frente a las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
Según sostuvieron, la fiscalía tuvo en cuenta la situación personal del acusado, vinculada a presuntos problemas de adicciones, al momento de arribar al acuerdo. Sin embargo, los familiares consideran que no fueron debidamente valorados distintos elementos que, a su entender, agravan el hecho investigado.
De acuerdo con la acusación inicial, Pereyra murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca en su domicilio. Además, la familia sostiene que, luego del hecho, el acusado se habría llevado pertenencias de la víctima y se dio a la fuga. Horas más tarde, Ajalla se presentó ante una dependencia policial, donde quedó detenido.
Las hijas de Pereyra también cuestionaron que la causa haya sido encuadrada como homicidio simple. Afirman que durante la investigación se expusieron circunstancias que, según su postura, podrían haber derivado en una calificación más grave, entre ellas la presunta premeditación del ataque, el supuesto robo de bienes de la víctima y el grado de violencia empleado durante el crimen.
Entre los elementos mencionados por la familia figura además la declaración de una persona allegada al condenado, quien habría manifestado que, días antes del hecho, Ajalla expresó intenciones de atentar contra la vida de Pereyra.
Por otra parte, trascendió una comunicación oficial remitida por la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria, encabezada por el fiscal Resúa, en la que se informó a los familiares sobre la firma del acuerdo de juicio abreviado en la causa P-7387/2026 y la pena acordada de diez años de prisión de cumplimiento efectivo para el imputado.
La familia de Ramón Pereyra y su defensa cuentan ahora con un plazo de cinco días para presentar una apelación contra la sentencia, con el objetivo de que sea revisada por una instancia superior.