El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a aliviar la crisis financiera que atraviesan las universidades públicas del país. El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33%, un incremento en las becas estratégicas y una partida especial para hospitales universitarios.
La propuesta establece una actualización de haberes en dos etapas: un aumento del 21,33% en julio y otro 3% en octubre. Según lo acordado, la recomposición incluye siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida acumulada del poder adquisitivo registrada hasta mayo de 2026.
Además, el acta firmada incorpora el compromiso del Gobierno de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo frente a la inflación durante el resto del año. También se prevé la apertura de una instancia paritaria con los gremios docentes y no docentes para avanzar en la negociación de las condiciones laborales.
Entre los puntos destacados del acuerdo figura un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, iniciativa destinada a promover el acceso, permanencia y graduación de estudiantes en carreras consideradas fundamentales para el desarrollo productivo y científico del país.
Asimismo, se anunció una inversión de 50 mil millones de pesos para fortalecer el funcionamiento de los hospitales universitarios, instituciones que cumplen un rol clave tanto en la formación académica como en la atención sanitaria.
Las conversaciones también incluyeron una negociación específica para los docentes de los colegios preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos generada tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Pese al principio de acuerdo alcanzado, las universidades decidieron mantener la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente, pero que aún no se encuentra en vigencia.
La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La decisión definitiva quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para emitir un fallo.
Desde el Gobierno sostienen que la ley es inviable porque no identifica de manera clara las fuentes de financiamiento requeridas por la normativa de administración financiera. En ese contexto, consideran incompatible mantener la disputa judicial mientras se negocian acuerdos económicos.
Los gremios universitarios, por su parte, recibieron la noticia con cautela. Desde Conadu advirtieron que todavía no existe una convocatoria formal a paritarias y remarcaron la necesidad de contar con garantías concretas antes de respaldar el entendimiento.
Mientras tanto, la comunidad universitaria continúa en estado de alerta. En las últimas semanas se realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar una definición de la Corte Suprema, y estudiantes de colegios preuniversitarios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini llevaron adelante tomas y medidas de protesta para visibilizar el conflicto.
Aunque el acuerdo representa un avance significativo en materia salarial y presupuestaria, la resolución definitiva del conflicto universitario dependerá tanto de la continuidad de las negociaciones con los gremios como de la decisión que adopte la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario.