Según aclaró la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, Sonia Tarragona, se trata de una excepcionalidad para quienes tengan impedimentos de traslado y no cuenten con la posibilidad de generar una nueva prescripción.

"Dejan de ser válidas las fotos de las recetas que no son recetas digitales. Son recetas en papel que se envían por medios electrónicos", aclaró Tarragona, y continuó: "Siguen vigentes y son válidas todas las modalidades de las recetas electrónicas y en papel que se están utilizando que son en la mayoría de las provincias, en todos los financiadores públicos, en la mayoría de la seguridad social y en el sector público".

El pasado lunes, a través de la resolución 3622/2022 publicada en el Boletín oficial, el Gobierno informó la eliminación del uso de fotos de las recetas médicas de papel para comprar un medicamento o solicitar un tratamiento.

Por ello, la funcionaria diferenció las recetas digitales, que cuentan con firma electrónica, de las que son enviadas por medios electrónicos a través de fotografías o impresiones, pero que fueron escritas en papel.

Estas últimas son las que perderán vigencia dado que desde el Ministerio registraron irregularidades en el acceso a medicamentos.

Consultada por los motivos de la restricción, la jefa de Gabinete de la cartera aclaró: "Hay varias cosas, algunas que tienen que ver con la salud pública, la imposibilidad de dar trazabilidad a tratamientos, seguridad y garantías a los pacientes de quien prescribió es un profesional habilitado".

"Por el lado de la eficiencia en la salud, estas recetas fotos permitían comprar el mismo medicamento en varias farmacias sin que eso se advirtiera, y nosotros como ministerio de salud necesitamos impulsar el uso adecuado de medicamentos, es complicado durante los tiempos de pandemia", agregó en diálogo con medios acreditados en Casa de Gobierno.

Y aclaró que "Se extiende esta excepción hasta el 28 de febrero, y solo para aquellos que utilizan este sistema y solo para tratamientos crónicos", subrayó y destacó que la medida fue anunciada en plena pandemia y estuvo condicionada a la finalización del ASPO.