El plan de ajuste, diseñado para lograr el equilibrio fiscal, trajo consigo una devaluación que desencadenó un aumento desmesurado de los precios, golpeando duramente el poder adquisitivo de amplias franjas de la población.

El incremento desmesurado en los precios de medicamentos y medicina prepaga, junto con el alza en tarifas de servicios básicos como electricidad y transporte, así como en los costos de educación y alimentos, dejaron a los jubilados y a la clase media en una situación de vulnerabilidad económica.

A pesar de las afirmaciones del presidente Milei de que estas medidas son necesarias para estabilizar la economía y atraer inversiones, la realidad es que desencadenó una fuerte recesión en el primer trimestre del año, con sectores clave como la construcción y la industria sufriendo caídas superiores al 12%.

Ante este escenario, el Gobierno anunció incrementos en programas sociales como Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar, pero dejó desprotegidos a los sectores medios, que están absorbiendo el peso del ajuste a pesar de ser los principales contribuyentes a la economía.

En cuanto a los jubilados, preocupa especialmente la falta de claridad sobre el ajuste de sus ingresos. La fórmula de movilidad vigente indica un reajuste para marzo que, según expertos, no superará el 30%, lo que significa una importante pérdida de poder adquisitivo en un corto plazo.

El Gobierno también enfrenta críticas por la política de bonos implementada anteriormente, la cual generó distorsiones y redujo la brecha entre los ingresos más altos y los más bajos, perjudicando a quienes más contribuyeron al sistema.

En suma, los primeros dos meses del Gobierno de Milei -junto al ministro de Economía Luis Caputo- pusieron en evidencia las dificultades económicas que enfrentan los jubilados y la clase media, así como la necesidad de medidas urgentes para mitigar su impacto negativo en estos sectores.