Los denunciantes, por un lado, Natividad Apaza, Comisionado Municipal saliente, allegado al ex Gobernador, Morales y opositor político a la actual gestión municipal, con múltiples denuncias, de las cuales, sorpresivamente, ninguna ha tenido avances en la fiscalía. Por otro lado, Fiscalía de Estado, que tiene pleno conocimiento y ha sido notificada de la causa radicada en el Juzgado Federal de Jujuy N2: “Gerardo Rubén Morales/otros Robo, Usurpación, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de funcionario Público, Usurpación de Aguas y otros”, que ratificó la competencia federal y aseguro: “…que las tierras se encuentran en posesión del pueblo Kolla de Caspalá, las cuáles, conforme la normativa citada dichas tierras resultan ser inembargable e inejecutable", “…que lo que se encuentra afectado en el caso, son garantías constitucionales y convencionales, denunciadas como no respetadas”.
El eje de la discusión es la defensa de las tierras y los territorios comunitarios, derechos preexistentes garantizados por la Constitución Nacional y Convenciones Internacionales. Puntualmente la cancha de fútbol ancestral, perteneciente a la comunidad aborigen con personería jurídica.
No es redundante aclarar, sobre todo en una provincia donde constantemente se ven vulnerados y avasallados los derechos de las comunidades, que el eje de la discusión es que no puede dañarse, robarse o usurparse lo que es propio.
La Dra. Silvana Llanes, apoderada de la Comunidad destacó que: “El predio donde se encuentra ubicada la cancha de Caspalá pertenece a la comunidad Aborigen Pueblo Kolla de Caspalá y no al Estado Provincial. Ya lo dijo claramente la Justicia Federal, esas tierras no pueden ser embargables ni enajenables, por lo tanto el Estado Provincial no puede arrogarse derechos que no tiene, utilizando las instituciones públicas para adulterar información y hacerse de territorios de comunidades originarias”.
Amelia de Dios, abogada de los funcionarios de la Comisión Municipal, en consonancia expresó: “esta causa es sólo una demostración más del persistente hostigamiento a la comunidad, que además, ahora se suma un elemento que aumenta su gravedad, la persecución política a autoridades municipales de la localidad, elegidas por la voluntad popular y que llevan sólo un mes de gestión, iniciadas por el ex comisionado radical y el gobierno provincial, y dándole continuidad la justicia local, sin tener pruebas, porque básicamente no existen”.
Esta situación demuestra que en Jujuy no existe seguridad jurídica, no se respetan las garantías constitucionales, y tampoco la división de poderes, ya que el poder judicial no es independiente, violatorio de nuestra Carta Magna.
Las mujeres comuneras solicitaron el apoyo de toda la sociedad jujeña, para que finalmente, se termine el calvario de persecuciones, amenazas, reprensión y causas armadas, etapa oscura de nuestra historia, que tanto dolor ha causado en nuestras hermanas y hermanos.
